CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 

 

Última reforma publicada DOF 26-01-2024 

 

 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 

DECRETO 

 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

 

SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo Único.- Se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO 

 

Artículo 1o. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República 
Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el 
marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 2o. Objeto del Código 

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el 
procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que 
el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en 
la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un 
marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 3o. Glosario 

Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 

 


I. Asesor jurídico: Los asesores jurídicos de las víctimas, federales y de las Entidades 
federativas; 

 

II. Código: El Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

III. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de las Entidades 
federativas o el órgano judicial, con funciones propias del Consejo o su equivalente, que realice 
las funciones de administración, vigilancia y disciplina; 

 

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

V. Defensor: El defensor público federal, defensor público o de oficio de las Entidades federativas, 
o defensor particular; 

 

VI. Entidades federativas: Las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 
de la Constitución; 

 

VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene 
desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local 
o federal; 

 

VIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de cada Entidad federativa; 

 

IX. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación o al Ministerio Público de las 
Entidades federativas; 

 

X. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada 
ya sea del fuero federal o común; 

 

XI. Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género; 

Fracción adicionada DOF 25-04-2023 

 

XII. Policía: Los cuerpos de Policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o 
del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que 
en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del 
Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la 
Constitución, este Código y demás disposiciones aplicables; 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 

XIII. Procurador: El titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las 
Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas; 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 

XIV. Procuraduría: La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de 
Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades federativas; 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 


XV. Tratados: Los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 

XVI. Tribunal de enjuiciamiento: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común 
integrado por uno o tres juzgadores, que interviene después del auto de apertura a juicio oral, 
hasta el dictado y explicación de sentencia, y 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 

XVII. Tribunal de alzada: El Órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados, que 
resuelve la apelación, federal o de las Entidades federativas. 

Fracción recorrida DOF 25-04-2023 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 4o. Características y principios rectores 

El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados 
y demás leyes. 

 

Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, 
de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y 
proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. 

 

Artículo 5o. Principio de publicidad 

Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en 
el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. 

 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la 
audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por 
la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo. 

 

Artículo 6o. Principio de contradicción 

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las 
peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. 

 

Artículo 7o. Principio de continuidad 

Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos 
excepcionales previstos en este Código. 

 

Artículo 8o. Principio de concentración 

Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su 
conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este 
ordenamiento. 

 

Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos 
previstos en este Código. 

 

Artículo 9o. Principio de inmediación 


Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las 
partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún 
caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración 
de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. 

 

Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley 

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las 
mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, 
opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

 

Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el 
párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio 
de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al 
procedimiento cuando se requiera. 

 

Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes 

Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos 
previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. 

 

Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso 

Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en 
virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego 
estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos 
emanen. 

 

Artículo 13. Principio de presunción de inocencia 

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los 
términos señalados en este Código. 

 

Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento 

La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro 
proceso penal por los mismos hechos. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad 

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que 
intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación 
aplicable. 

 

Artículo 16. Justicia pronta 

Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los 
servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las 
solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. 

 

Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata 


La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, 
deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser 
licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. 

 

Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija 
libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo 
de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda 
llevar a cabo. 

 

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del 
procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 

 

Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada 
y técnica del imputado. 

 

Artículo 18. Garantía de ser informado de sus derechos 

Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque 
tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento 
procedimental la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen, en los términos establecidos 
en el presente Código. 

 

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal 

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado 
de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las 
demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y este Código. 

 

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias 
restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión 
preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este 
Código. 

 

TÍTULO III 

COMPETENCIA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 20. Reglas de competencia 

Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según 
corresponda, se observarán las siguientes reglas: 

 

I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles 
cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la 
distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a 
los acuerdos expedidos por el Consejo; 

 

II. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales 
federales; 

 

III. Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán 
conocer los Órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; 

 


IV. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los 
delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere 
conveniente, asimismo los Órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia 
para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero 
común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza 
dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en 
términos de la fracción primera de este artículo; 

 

V. Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos circunscripciones judiciales, 
será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que 
haya prevenido en el conocimiento de la causa; 

 

VI. Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el Órgano 
jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro 
de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el Órgano 
jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. Si, posteriormente, se descubre el lugar 
de comisión del hecho punible, continuará la causa el Órgano jurisdiccional de este último lugar; 

 

VII. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el 
conocimiento corresponderá al Órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares, y 

 

VIII. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y 
se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación 
aplicable, será competencia del Órgano jurisdiccional federal. 

 

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión 

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que 
dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y 
perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. 
Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público 
de los órdenes estatal o municipal; 

 

II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado 
como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; 

 

III. Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión 
preventiva oficiosa; 

 

IV. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; 

 

V. Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate; 

 

VI. Los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a 
la información o a las libertades de expresión o imprenta; 

 

VII. En la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se 
hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo 
para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta; 

 

VIII. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, o 


 

IX. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, se hubiere determinado 
la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, 
persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta. 

 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de 
la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. 

 

Artículo 22. Competencia por razón de seguridad 

Será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la 
comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando 
atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por 
otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. 

 

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, 
a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima 
seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. 

 

Con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los 
centros penitenciarios más cercanos al lugar en el que se desarrolla su procedimiento, las entidades 
federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales con el fin de llevar a cabo su 
debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior y en los casos en que sean procedentes 
medidas especiales de seguridad no disponibles en dichos centros. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 23. Competencia auxiliar 

Cuando el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional actúe en auxilio de otra jurisdicción en la 
práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a lo dispuesto en este Código. 

 

Artículo 24. Autorización judicial para diligencias urgentes 

El Juez de control que resulte competente para conocer de los actos o cualquier otra medida que 
requiera de control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el procedimiento correspondiente; 
sin embargo, cuando estas actuaciones debieran efectuarse fuera de su jurisdicción y se tratare de 
diligencias que requieran atención urgente, el Ministerio Público podrá pedir la autorización directamente 
al Juez de control competente en aquel lugar; en este caso, una vez realizada la diligencia, el Ministerio 
Público lo informará al Juez de control competente en el procedimiento correspondiente. 

 

CAPÍTULO II 

INCOMPETENCIA 

 

Artículo 25. Tipos o formas de incompetencia 

La incompetencia puede decretarse por declinatoria o por inhibitoria. 

 

La parte que opte por uno de estos medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni tampoco los 
podrá emplear simultánea ni sucesivamente, debiendo sujetarse al resultado del que se hubiere elegido. 

 

La incompetencia procederá a petición del Ministerio Público, el imputado o su Defensor, la víctima u 
ofendido o su Asesor jurídico y será resuelta en audiencia con las formalidades previstas en este Código. 

 

Artículo 26. Reglas de incompetencia 

Para la decisión de la incompetencia se observarán las siguientes reglas: 


 

I. Las que se susciten entre Órganos jurisdiccionales de la Federación se decidirán a favor del 
que haya prevenido, conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y si hay dos o más competentes, a favor del que haya 
prevenido; 

 

II. Las que se susciten entre los Órganos jurisdiccionales de una misma Entidad federativa se 
decidirán conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica aplicable, y si 
hay dos o más competentes a favor del que haya prevenido, o 

 

III. Las que se susciten entre la Federación y una o más Entidades federativas o entre dos o más 
Entidades federativas entre sí, se decidirán por el Poder Judicial Federal en los términos de su 
Ley Orgánica. 

 

El Órgano jurisdiccional que resulte competente podrá confirmar, modificar, revocar, o en su caso 
reponer bajo su criterio y responsabilidad, cualquier tipo de acto procesal que estime pertinente conforme 
a lo previsto en este Código. 

 

Dirimida la incompetencia, el imputado, en su caso, será puesto inmediatamente a disposición del 
Órgano jurisdiccional que resulte competente, así como los antecedentes que obren en poder del Órgano 
jurisdiccional incompetente. 

 

Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria 

En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este Código, el Órgano 
jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere 
competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. 

 

La declinatoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el 
Órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se 
abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. 

 

Si la incompetencia es del Órgano jurisdiccional deberá promoverse dentro del plazo de tres días 
siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la 
audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Juez de control que fijó la competencia del 
Tribunal de enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de oficio. 

 

No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad. 

 

Artículo 28. Procedencia de incompetencia por inhibitoria 

En cualquier etapa del procedimiento, la inhibitoria se tramitará a petición de cualquiera de las partes 
ante el Órgano jurisdiccional que crea competente para que se avoque al conocimiento del asunto; en 
caso de ser procedente, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros 
correspondientes al que se determine competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al 
imputado. 

 

La inhibitoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en audiencia ante el Juez de control que 
se considere debe conocer del asunto hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio. 

 

Si la incompetencia es del Tribunal de enjuiciamiento, deberá promover la incompetencia dentro del 
plazo de tres días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para 
la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Tribunal de enjuiciamiento 
que se considere debe conocer del asunto. 

 


No se podrá promover la inhibitoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad. 

 

Artículo 29. Actuaciones urgentes ante Juez de control incompetente 

La competencia por declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se 
practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias precautorias y, en caso de que 
exista detenido, cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación, 
resuelto la procedencia de las medidas cautelares solicitadas y la vinculación a proceso. 

 

El Juez de control incompetente por declinatoria o inhibitoria enviará de oficio los registros y en su 
caso, pondrá a disposición al imputado del Juez de control competente después de haber practicado las 
diligencias urgentes enunciadas en el párrafo anterior. 

 

Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los 
registros al declinante; si éste insiste en rechazarla, elevará las diligencias practicadas ante el Órgano 
jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica respectiva, con el 
propósito de que se pronuncie sobre quién deba conocer. Ningún Órgano jurisdiccional puede promover 
competencia a favor de su superior en grado. 

 

CAPÍTULO III 

ACUMULACIÓN Y SEPARACIÓN DE PROCESOS 

 

Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad 

Para los efectos de este Código, habrá acumulación de procesos cuando: 

 

I. Se trate de concurso de delitos; 

 

II. Se investiguen delitos conexos; 

 

III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o 

 

IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. 

 

Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias 
personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, 
o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para 
asegurar la impunidad. 

 

Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso 
ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de 
delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos 
indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. 

 

Artículo 31. Competencia en la acumulación 

Cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación, y se sigan por diverso Órgano 
jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas generales previstas en 
este Código, ponderando en todo momento la competencia en razón de seguridad; en caso de que 
persista la duda, será competente el que conozca del delito cuya punibilidad sea mayor. Si los delitos 
establecen la misma punibilidad, la competencia será del que conozca de los actos procesales más 
antiguos, y si éstos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este artículo, 
se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento. 

 

Artículo 32. Término para decretar la acumulación 


La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. 

 

Artículo 33. Sustanciación de la acumulación 

Promovida la acumulación, el Juez de control citará a las partes a una audiencia que deberá tener 
lugar dentro de los tres días siguientes, en la que podrán manifestarse y hacer las observaciones que 
estimen pertinentes respecto de la cuestión debatida y sin más trámite se resolverá en la misma lo que 
corresponda. 

 

Artículo 34. Efectos de la acumulación 

Si se resuelve la acumulación, el Juez de control solicitará la remisión de los registros, y en su caso, 
que se ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados. 

 

El Juez de control notificará a aquellos que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva 
la obligación de presentarse en un término perentorio ante él, así como a la víctima u ofendido. 

 

Artículo 35. Separación de los procesos 

Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

I. Cuando la solicite una de las partes antes del auto de apertura al juicio, y 

 

II. Cuando el Juez de control estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría. 

 

La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación. La separación se 
podrá promover hasta antes de la audiencia de juicio. 

 

Decretada la separación de procesos, conocerá de cada asunto el Juez de control que conocía antes 
de haberse efectuado la acumulación. Si dicho juzgador es diverso del que decretó la separación de 
procesos, no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de 
competencia. 

 

La resolución del Juez de control que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá 
recurso alguno. 

 

CAPÍTULO IV 

EXCUSAS, RECUSACIONES E IMPEDIMENTOS 

 

Artículo 36. Excusa o recusación 

Los jueces y magistrados deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en 
que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se establecen en este Código, mismas 
que no podrán dispensarse por voluntad de las partes. 

 

Artículo 37. Causas de impedimento 

Son causas de impedimento de los jueces y magistrados: 

 

I. Haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, Defensor, Asesor 
jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular; haber actuado 
como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento; 

 

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin 
limitación de grado, en línea colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado 
con alguno de los interesados, o que éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos; 

 


III. Ser o haber sido tutor, curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes, ser 
o haber sido administrador de sus bienes por cualquier título; 

 

IV. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en 
los grados que expresa la fracción II de este artículo, tenga un juicio pendiente iniciado con 
anterioridad con alguna de las partes; 

 

V. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en 
los grados que expresa la fracción II de este artículo, sea acreedor, deudor, arrendador, 
arrendatario o fiador de alguna de las partes, o tengan alguna sociedad con éstos; 

 

VI. Cuando antes de comenzar el procedimiento o durante éste, haya presentado él, su cónyuge, 
concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa 
la fracción II de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción 
legal en contra de alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera 
sido denunciado o acusado por alguna de ellas; 

 

VII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o 
haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes; 

 

VIII. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en 
los grados que expresa la fracción II de este artículo, hubiera recibido o reciba beneficios de 
alguna de las partes o si, después de iniciado el procedimiento, hubiera recibido presentes o 
dádivas independientemente de cuál haya sido su valor, o 

 

IX. Para el caso de los jueces del Tribunal de enjuiciamiento, haber fungido como Juez de control 
en el mismo procedimiento. 

 

Artículo 38. Excusa 

Cuando un Juez o Magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se 
declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al Órgano jurisdiccional 
competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica, para que resuelva quién debe seguir 
conociendo del mismo. 

 

Artículo 39. Recusación 

Cuando el Juez o Magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la 
recusación. 

 

Artículo 40. Tiempo y forma de recusar 

La recusación debe interponerse ante el propio Juez o Magistrado recusado, por escrito y dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá 
oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y en ella se indicará, bajo pena de inadmisibilidad, la 
causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes. 

 

Toda recusación que sea notoriamente improcedente o sea promovida de forma extemporánea será 
desechada de plano. 

 

Artículo 41. Trámite de recusación 

Interpuesta la recusación, el recusado remitirá el registro de lo actuado y los medios de prueba 
ofrecidos al Órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica 
para que la califique. 

 


Recibido el escrito, se pedirá informe al juzgador recusado, quien lo rendirá dentro del plazo de 
veinticuatro horas, señalándosele fecha y hora para realizar la audiencia dentro de los tres días 
siguientes a que se recibió el informe, misma que se celebrará con las partes que comparezcan, las que 
podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. 

 

Concluido el debate, el Órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de 
la causa de recusación que se hubiere señalado y, contra la misma, no habrá recurso alguno. 

 

Artículo 42. Efectos de la recusación y excusa 

El Juez o Magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, 
ordenará la suspensión de la misma y sólo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que 
no admitan dilación. 

 

La sustitución del Juez o Magistrado se determinará en los términos que señale la Ley Orgánica. 

 

Artículo 43. Impedimentos del Ministerio Público y de peritos 

El Ministerio Público y los peritos deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causas 
previstas para los jueces o magistrados. 

 

La excusa o la recusación será resuelta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, previa realización de la investigación que se estime conveniente. 

 

TÍTULO IV 

ACTOS PROCEDIMENTALES 

 

CAPÍTULO I 

FORMALIDADES 

 

Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales 

Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con 
cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos 
disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de 
conservar registro de lo acontecido. 

 

El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o 
apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo 
se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar 
contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador 
que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el motivo de su 
solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la 
argumentación oral. 

 

Artículo 45. Idioma 

Los actos procesales deberán realizarse en idioma español. 

 

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o 
intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que 
tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado no hable o entienda el 
idioma español deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su Defensor en las 
entrevistas que con él mantenga. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por 
su cuenta. 

 


Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información 
solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los 
Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de 
las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el 
medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 

 

Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea 
necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona 
con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la 
ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 

 

Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser 
traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de 
su declaración en el idioma de origen. 

 

En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que 
tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan. 

 

El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el 
proceso según se requiera. 

 

Artículo 46. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores 

Las personas serán interrogadas en idioma español, mediante la asistencia de un traductor o 
intérprete. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes. 

 

Artículo 47. Lugar de audiencias 

El Órgano jurisdiccional celebrará las audiencias en la sala que corresponda, excepto si ello puede 
provocar una grave alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno de los intereses 
comprometidos en el procedimiento u obstaculiza seriamente su realización, en cuyo caso se celebrarán 
en el lugar que para tal efecto designe el Órgano jurisdiccional y bajo las medidas de seguridad que éste 
determine, de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable. 

 

Artículo 48. Tiempo 

Los actos procesales podrán ser realizados en cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad de 
previa habilitación. Se registrará el lugar, la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos 
no hará nulo el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro u otros 
conexos, la fecha en que se realizó. 

 

Artículo 49. Protesta 

Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de dieciocho años de edad inicie su 
declaración, con excepción del imputado, se le informará de las sanciones penales que la ley establece a 
los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de ley; acto seguido se le 
tomará protesta de decir verdad. 

 

A quienes tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho, se les informará que deben 
conducirse con verdad en sus manifestaciones ante el Órgano jurisdiccional, lo que se hará en presencia 
de la persona que ejerza la patria potestad o tutela y asistencia legal pública o privada, y se les explicará 
que, de conducirse con falsedad, incurrirán en una conducta tipificada como delito en la ley penal y se 
harán acreedores a una medida de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 


A las personas menores de doce años de edad y a los imputados que deseen declarar se les 
exhortará para que se conduzcan con verdad. 

 

Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales 

Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros 
de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros 
cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano 
jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de 
presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre 
expresamente prohibido en la ley de la materia. 

 

El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales 
o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes. 

 

Artículo 51. Utilización de medios electrónicos 

Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones 
para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la 
presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas 
tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de 
actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan 
en dicho acto. 

 

CAPÍTULO II 

AUDIENCIAS 

 

Artículo 52. Disposiciones comunes 

Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo 
mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en 
una audiencia deberán ser resueltas en ella. 

 

Artículo 53. Disciplina en las audiencias 

El orden en las audiencias estará a cargo del Órgano jurisdiccional. Toda persona que altere el orden 
en éstas podrá ser acreedora a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de 
la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. 

 

Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su Defensor, pero no 
con el público. Si infringe esa disposición, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle una medida de 
apremio. 

 

Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, el Órgano 
jurisdiccional podrá ordenar que sea retirada de la audiencia e imponerle una medida de apremio. 

 

Artículo 54. Identificación de declarantes 

Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, 
para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo 
el personal auxiliar de la sala, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del 
declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. 

 

Artículo 55. Restricciones de acceso a las audiencias 


El Órgano jurisdiccional podrá, por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia, 
prohibir el ingreso a: 

 

I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia; 

 

II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios; 

 

III. Personas que porten objetos peligrosos o prohibidos o que no observen las disposiciones que 
se establezcan, o 

 

IV. Cualquier otra que el Órgano jurisdiccional considere como inapropiada para el orden o 
seguridad en el desarrollo de la audiencia. 

 

El Órgano jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, 
según la capacidad de la sala de audiencia, así como de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al 
Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse 
de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia. 

 

Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias 

Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano 
jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no 
podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. 

 

El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. 
Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento 
en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para 
salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. 

 

Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde 
la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea 
necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos 
particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. 

 

Artículo 57. Ausencia de las partes 

En el caso de que estuvieren asignados varios Defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia 
de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. 

 

El Defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de 
ellas. 

 

Si el Defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se 
considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el 
Defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro Defensor. 

 

Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su 
remplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior 
jerárquico para que lo designe de inmediato. 

 

El Ministerio Público sustituto o el nuevo Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional que aplace 
el inicio de la audiencia o suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la 
adecuada preparación de su intervención en el juicio. El Órgano jurisdiccional resolverá considerando la 


complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio Público y las 
posibilidades de aplazamiento. 

 

En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin 
causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. 

 

Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su 
presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. 

 

En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la 
audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. 

 

Si el Asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su asesoría, o ésta es deficiente, el Órgano 
jurisdiccional le informará a la víctima u ofendido su derecho a nombrar a otro Asesor jurídico. Si la 
víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar un Asesor jurídico, el Órgano jurisdiccional lo informará 
a la instancia correspondiente para efecto de que se designe a otro, y en caso de ausencia, y de manera 
excepcional, lo representará el Ministerio Público. 

 

El Órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las 
partes comparezcan en juicio. 

 

Artículo 58. Deberes de los asistentes 

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer en la misma respetuosamente, en silencio y no 
podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco 
podrán portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni 
alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. 

 

Artículo 59. De los medios de apremio 

Para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, así como para 
garantizar la observancia de sus decisiones en audiencia, el Órgano jurisdiccional podrá aplicar 
indistintamente cualquiera de los medios de apremio establecidos en este Código. 

 

Artículo 60. Hechos delictivos surgidos en audiencia 

Si durante la audiencia se advierte que existen elementos que hagan presumir la existencia de un 
hecho delictivo distinto del que constituye la materia del procedimiento, el Órgano jurisdiccional lo hará 
del conocimiento del Ministerio Público competente y le remitirá el registro correspondiente. 

 

Artículo 61. Registro de las audiencias 

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico que 
tenga a su disposición el Órgano jurisdiccional. 

 

La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y 
registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros 
órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su 
conservación. 

 

Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias 

Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el Órgano jurisdiccional determinará las medidas 
especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la 
audiencia: impedir la fuga o la realización de actos de violencia de parte del imputado o en su contra. 

 


Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine; en caso de no 
presentarse, el Órgano jurisdiccional podrá imponerle un medio de apremio y en su caso, previa solicitud 
del Ministerio Público, ordenar su comparecencia. 

 

Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una 
audiencia, el Ministerio Público solicitará al Órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o 
la modificación de la ya impuesta. 

 

Artículo 63. Notificación en audiencia 

Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus 
fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir 
formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos 
previstos en este Código. 

 

Artículo 64. Excepciones al principio de publicidad 

El debate será público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, 
que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando: 

 

I. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar 
en él; 

 

II. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas; 

 

III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea 
punible; 

 

IV. El Órgano jurisdiccional estime conveniente; 

 

V. Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo establecido por los 
Tratados y las leyes en la materia, o 

 

VI. Esté previsto en este Código o en otra ley. 

 

La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el 
registro de la audiencia. 

 

Artículo 65. Continuación de audiencia pública 

Una vez desaparecida la causa de excepción prevista en el artículo anterior, se permitirá ingresar 
nuevamente al público y, el juzgador que presida la audiencia de juicio, informará brevemente sobre el 
resultado esencial de los actos desarrollados a puerta cerrada. 

 

Artículo 66. Intervención en la audiencia 

En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un 
licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor. 

 

El Ministerio Público, el imputado o su Defensor, así como la víctima u ofendido y su Asesor jurídico, 
podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el Órgano jurisdiccional. 

 

El imputado o su Defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el Órgano 
jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su Defensor, antes de cerrar el 
debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo. 

 

CAPÍTULO III 


RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

Artículo 67. Resoluciones judiciales 

La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia 
para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las 
resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se 
dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. 

 

Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a 
más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: 

 

I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; 

 

II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; 

 

III. La de control de la detención; 

 

IV. La de vinculación a proceso; 

 

V. La de medidas cautelares; 

 

VI. La de apertura a juicio; 

 

VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; 

 

VIII. Las de sobreseimiento, y 

 

IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. 

 

En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus 
efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de 
veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. 

 

Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un 
Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto 
particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular 
dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario. 

 

Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias 

Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y 
contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente 
fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el 
esclarecimiento de los hechos. 

 

Artículo 69. Aclaración 

En cualquier momento, el Órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar los 
términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones judiciales, siempre 
que tales aclaraciones no impliquen una modificación o alteración del sentido de la resolución. 

 

En la misma audiencia, después de dictada la resolución y hasta dentro de los tres días posteriores a 
la notificación, las partes podrán solicitar su aclaración, la cual, si procede, deberá efectuarse dentro de 
las veinticuatro horas siguientes. La solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que 
procedan. 


 

Artículo 70. Firma 

Las resoluciones escritas serán firmadas por los jueces o magistrados. No invalidará la resolución el 
hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista 
ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria a que haya lugar. 

 

Artículo 71. Copia auténtica 

Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos 
procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto. 

 

Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de 
otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos. Para tal fin, el Órgano jurisdiccional 
ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita 
cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también 
podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado. 

 

Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por 
nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el Órgano jurisdiccional, se hará 
constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado. 

 

Artículo 72. Restitución y renovación 

Si no existe copia de las sentencias o de otros actos procesales el Órgano jurisdiccional ordenará que 
se repongan, para lo cual recibirá de las partes los datos y medios de prueba que evidencien su 
preexistencia y su contenido. Cuando esto sea imposible, ordenará la renovación de los mismos, 
señalando el modo de realizarla. 

 

CAPÍTULO IV 

COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES 

 

Artículo 73. Regla general de la comunicación entre autoridades 

El Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, podrán solicitar el 
auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto procedimental. Dicha solicitud podrá realizarse por 
cualquier medio que garantice su autenticidad. La autoridad requerida colaborará y tramitará sin demora 
los requerimientos que reciba. 

 

Artículo 74. Colaboración procesal 

Los actos de colaboración entre el Ministerio Público o la Policía con autoridades federales o de 
alguna Entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en la Constitución, en el presente Código, así como 
a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o 
suscrito de conformidad con ésta. 

 

Artículo 75. Exhortos y requisitorias 

Cuando tengan que practicarse actos procesales fuera del ámbito territorial del Órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto, éste solicitará su cumplimiento por medio de exhorto, si la autoridad requerida 
es de la misma jerarquía que la requirente, o por medio de requisitoria, si ésta es inferior. La 
comunicación que deba hacerse a autoridades no judiciales se hará por cualquier medio de comunicación 
expedito y seguro que garantice su autenticidad, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en el 
artículo siguiente. 

 

Artículo 76. Empleo de los medios de comunicación 


Para el envío de oficios, exhortos o requisitorias, el Órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, o la 
Policía, podrán emplear cualquier medio de comunicación idóneo y ágil que ofrezca las condiciones 
razonables de seguridad, de autenticidad y de confirmación posterior en caso de ser necesario, debiendo 
expresarse, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del imputado si fuere 
posible, el delito de que se trate, el número único de causa, así como el fundamento de la providencia y, 
en caso necesario, el aviso de que se mandará la información: el oficio de colaboración y el exhorto o 
requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de que el requerido 
recibió la comunicación que se le dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la 
petición y la urgencia de su atención. 

 

Artículo 77. Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias 

Los exhortos o requisitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y 
se despacharán dentro de los tres días siguientes, a no ser que las actuaciones que se hayan de 
practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el Juez de control fijará el que crea 
conveniente y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el Juez 
de control requerido estima que no es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al 
requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud, con indicación 
expresa de las razones que tenga para abstenerse de darle cumplimiento. 

 

Si el Juez de control exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, 
porque el asunto no resulta ser de su competencia o si tuviere dudas sobre su procedencia, podrá 
comunicarse con el Órgano jurisdiccional exhortante o requirente, oirá al Ministerio Público y resolverá 
dentro de los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva. 

 

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, el exhortado o requerido pondrá al detenido, sin 
dilación alguna, a disposición del Órgano jurisdiccional que libró aquella. Si no fuere posible poner al 
detenido inmediatamente a disposición del exhortante o requirente, el requerido dará vista al Ministerio 
Público para que formule la imputación; se decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten y 
resolverá su vinculación a proceso, remitirá las actuaciones y, en su caso, al detenido, al Órgano 
jurisdiccional que haya librado el exhorto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de 
fondo que adopte. 

 

Cuando un Juez de control no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra 
jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al Juez de control del lugar 
en que aquélla o éstas se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro 
horas siguientes. Si el Juez de control que recibe el exhorto o requisitoria del juzgador originalmente 
exhortado, resuelve desahogarlo, una vez hecho lo devolverá directamente al exhortante. 

 

Las autoridades exhortadas o requeridas remitirán las diligencias o actos procesales practicados o 
requeridos por cualquier medio que garantice su autenticidad. 

 

Artículo 78. Exhortos de tribunales extranjeros 

Las solicitudes que provengan de tribunales extranjeros, deberán ser tramitadas de conformidad con 
el Título XI del presente Código. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Toda solicitud que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su 
traducción. 

 

Artículo 79. Exhortos internacionales que requieran homologación 

Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución 
coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de 
pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente. 


 

Artículo 80. Actos procesales en el extranjero 

Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la 
petición de realización de las actuaciones necesarias en el procedimiento en que se expidan. Dichas 
comunicaciones contendrán los datos e información necesaria, las constancias y demás anexos 
procedentes según sea el caso. 

 

Los exhortos serán transmitidos al Órgano jurisdiccional requerido a través de los funcionarios 
consulares o agentes diplomáticos, o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido 
según sea el caso. 

 

Podrá encomendarse la práctica de diligencias en países extranjeros a los funcionarios consulares de 
la República por medio de oficio. 

 

Artículo 81. Demora o rechazo de requerimientos 

Cuando la cumplimentación de un requerimiento de cualquier naturaleza fuere demorada o rechazada 
injustificadamente, la autoridad requirente podrá dirigirse al superior jerárquico de la autoridad que deba 
cumplimentar dicho requerimiento a fin de que, de considerarlo procedente, ordene o gestione su 
tramitación inmediata. 

 

CAPÍTULO V 

NOTIFICACIONES Y CITACIONES 

 

Artículo 82. Formas de notificación 

Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según 
corresponda y por edictos: 

 

I. Personalmente podrán ser: 

 

a) En Audiencia; 

 

b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante 
legal; 

 

c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o 

 

d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de 
conformidad con las reglas siguientes: 

 

1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, 
se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que 
cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución 
que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial 
con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los 
datos de identificación del servidor público que la practique; 

 

2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, 
para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a 
quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, 


de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará 
por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 

 

3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se 
practique; 

 

II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y 

 

III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se 
publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las 
Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un 
resumen de la resolución que deba notificarse. 

 

Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que 
hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su 
publicación. 

 

Artículo 83. Medios de notificación 

Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo 
electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en 
el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o 
cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su 
caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. 

 

El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se 
hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de 
la resolución o de la diligencia ordenada. 

 

En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital. 

 

Artículo 84. Regla general sobre notificaciones 

Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la 
audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. 

 

Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia 
que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en 
el presente Código. 

 

Artículo 85. Lugar para las notificaciones 

Al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde 
éste se sustancie y en su caso, manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados 
conforme a los medios establecidos en este Código. 

 

El Ministerio Público, Defensor y Asesor jurídico, cuando éstos últimos sean públicos, serán 
notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del 
Órgano jurisdiccional que ordene la notificación, salvo que hayan presentado solicitud de ser notificadas 
por fax, por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio. En caso de que las oficinas se 
encuentren fuera de la jurisdicción, deberán señalar domicilio dentro de dicha jurisdicción. 

 

Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el lugar de su detención. 

 


Las partes que no señalaren domicilio o el medio para ser notificadas o no informen de su cambio, 
serán notificadas de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 82 de este Código. 

 

Artículo 86. Notificaciones a Defensores o Asesores jurídicos 

Cuando se designe Defensor o Asesor jurídico y éstos sean particulares, las notificaciones deberán 
ser dirigidas a éstos, sin perjuicio de notificar al imputado y a la víctima u ofendido, según sea el caso, 
cuando la ley o la naturaleza del acto así lo exijan. 

 

Cuando el imputado tenga varios Defensores, deberá notificarse al representante común, en caso de 
que lo hubiere, sin perjuicio de que otros acudan a la oficina del Ministerio Público o del Órgano 
jurisdiccional para ser notificados. La misma disposición se aplicará a los Asesores jurídicos. 

 

Artículo 87. Forma especial de notificación 

La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por 
sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. 

 

Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia, siempre que 
no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día 
siguiente hábil en que fue recibida la notificación. 

 

Artículo 88. Nulidad de la notificación 

La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas 
en el presente Código. 

 

Artículo 89. Validez de la notificación 

Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona 
que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales. 

 

Artículo 90. Citación 

Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, 
cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores 
públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero 
Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su 
edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. 

 

Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo 
anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por 
sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su 
trasmisión, en sesión privada. 

 

La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los 
señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para 
garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. 

 

En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su 
localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la 
información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a 
efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. 

 

Artículo 91. Forma de realizar las citaciones 

Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la 
autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o 


telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la celebración del acto. 

 

También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad 
para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no 
es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este 
Capítulo. 

 

En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y 
hora señalados, salvo que soliciten al Órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de 
que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. 

 

En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con 
dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad 
que se tuvo para presentarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha fijada para la 
comparecencia de sus testigos o peritos. 

 

La citación deberá contener: 

 

I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; 

 

II. El día y hora en que debe comparecer; 

 

III. El objeto de la misma; 

 

IV. El procedimiento del que se deriva; 

 

V. La firma de la autoridad que la ordena, y 

 

VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 92. Citación al imputado 

Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano 
jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. 

 

La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el 
número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la 
citación. 

 

Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público 

Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una 
persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en 
lo que corresponda, las disposiciones de este Código. 

 

CAPÍTULO VI 

PLAZOS 

 

Artículo 94. Reglas generales 

Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este 
Código autorice. 

 


Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y 
a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las 
partes. 

 

No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los 
ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, 
puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, 
formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y 
decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán 
como hábiles. 

 

Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día 
inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 

Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir 
del día en que surte efectos la notificación. 

 

Artículo 95. Renuncia o abreviación 

Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo podrán renunciar a él o consentir su 
abreviación mediante manifestación expresa. En caso de que el plazo sea común para las partes, para 
proceder en los mismos términos, todos los interesados deberán expresar su voluntad en el mismo 
sentido. 

 

Cuando sea el Ministerio Público el que renuncie a un plazo o consienta en su abreviación, deberá 
oírse a la víctima u ofendido para que manifieste lo que a su interés convenga. 

 

Artículo 96. Reposición del plazo 

La parte que no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él, podrá solicitar de manera 
fundada y motivada su reposición total o parcial, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad 
concedida por la ley, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquel en que el perjudicado tenga 
conocimiento fehaciente del acto cuya reposición del plazo se pretenda. El Órgano jurisdiccional podrá 
ordenar la reposición una vez que haya escuchado a las partes. 

 

CAPÍTULO VII 

NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES 

 

Artículo 97. Principio general 

Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni 
convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de 
advertirla o a petición de parte en cualquier momento. 

 

Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser 
declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en 
el presente Capítulo. 

 

Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las 
formalidades 

La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito 
dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto 
cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el 
afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. 

 


En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del 
artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. 

 

Artículo 99. Saneamiento 

Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser 
saneados, reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. 

 

La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo 
comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el 
acto no quedare saneado en dicho plazo, el Órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. 

 

La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a petición de parte, los errores 
puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes. 

 

Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin 
respecto de todos los interesados. 

 

Artículo 100. Convalidación 

Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código que afectan al 
Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando: 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

I. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; 

 

II. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este 
Código, o 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

III. Dentro de las veinticuatro horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere 
estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las 
especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto 
en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el 
saneamiento del acto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido 
conocimiento del mismo. 

 

Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima 
u ofendido. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 101. Declaración de nulidad 

Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano 
jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en 
su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la 
nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de 
actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. 

 

Para decretar la nulidad de un acto y disponer su reposición, no basta la simple infracción de la 
norma, sino que se requiere, además, que: 

 

I. Se haya ocasionado una afectación real a alguna de las partes, y 

 


II. Que la reposición resulte esencial para garantizar el cumplimiento de los derechos o los 
intereses del sujeto afectado. 

 

Artículo 102. Sujetos legitimados 

Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el 
procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo. 

 

CAPÍTULO VIII 

GASTOS DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA 

 

Artículo 103. Gastos de producción de prueba 

Tratándose de la prueba pericial, el Órgano jurisdiccional ordenará, a petición de parte, la designación 
de peritos de instituciones públicas, las que estarán obligadas a practicar el peritaje correspondiente, 
siempre que no exista impedimento material para ello. 

 

CAPÍTULO IX 

MEDIOS DE APREMIO 

 

Artículo 104. Imposición de medios de apremio 

El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio 
para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: 

 

I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: 

 

a) Amonestación; 

 

b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se 
cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y 
trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario 
y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; 

 

c) Auxilio de la fuerza pública, o 

 

d) Arresto hasta por treinta y seis horas; 

 

II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: 

 

a) Amonestación; 

 

b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se 
cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y 
trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario 
y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; 

 

c) Auxilio de la fuerza pública, o 

 

d) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones 
donde se lleve a cabo la diligencia. 

 

La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. 


 

La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste 
sea debidamente notificado a la parte afectada. 

 

El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para 
que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación 
aplicable. 

 

TÍTULO V 

SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO Y SUS AUXILIARES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal 

Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: 

 

I. La víctima u ofendido; 

 

II. El Asesor jurídico; 

 

III. El imputado; 

 

IV. El Defensor; 

 

V. El Ministerio Público; 

 

VI. La Policía; 

 

VII. El Órgano jurisdiccional, y 

 

VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 

 

Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este 
Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. 

 

Artículo 106. Reserva sobre la identidad 

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información 
confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona 
relacionada o mencionada en éste. 

 

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, será sancionada por la 
legislación aplicable. 

 

En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos 
que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de 
comparecencia. 

 

Artículo 107. Probidad 

Los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, deberán conducirse con probidad, 
evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio de las 
facultades o derechos que este Código les concede. 


 

El Órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, 
el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fé. 

 

CAPÍTULO II 

VÍCTIMA U OFENDIDO 

 

Artículo 108. Víctima u ofendido 

Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente 
directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se 
considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por 
la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. 

 

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera 
ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el 
siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por 
consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o 
cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. 

 

La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos 
los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen. 

 

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: 

 

I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; 

 

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el 
acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados 
con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, perspectiva de 
género y eficacia y con la debida diligencia; 

Fracción reformada DOF 25-04-2023 

 

III. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos 
por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir 
desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia 
jurídica a través de un Asesor jurídico; 

 

IV. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e 
incluso con su Asesor jurídico; 

 

V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor 
jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; 

 

VI. A ser tratado con respeto y dignidad; 

 

VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos 
de la legislación aplicable; 

 

VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se 
anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se 
hará sin distinción alguna; 

 


IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 
querellas; 

 

X. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; 

 

XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la 
conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico 
o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español; 

 

XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que 
sean necesarios para salvaguardar sus derechos. 

 

De igual forma, se adaptarán las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de 
las personas adultas mayores, cuando así lo requieran; 

Fracción reformada DOF 03-01-2024 

 

XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad; 

 

XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, 
tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que 
establece este Código; 

 

XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico, conforme lo 
dispuesto en este Código; 

 

XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; 

 

XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el 
Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; 

 

XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen 
estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando 
así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran; 

 

XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; 

 

XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o 
participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna 
otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir 
la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación; 

 

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el 
Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos 
en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; 

 

XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener 
copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el 
Órgano jurisdiccional; 

 

XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; 

 


XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las 
formas previstas en este Código; 

 

XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente 
al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; 

 

XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate 
de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, 
secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa; 

 

XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el 
procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código; 

 

XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y 

 

XXIX. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables. 

 

En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o 
el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la 
prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los 
Tratados, así como los previstos en el presente Código. 

 

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos 
que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 110. Designación de Asesor jurídico 

En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un Asesor jurídico, 
el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el 
inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno 
particular, tendrá derecho a uno de oficio. 

 

Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico 
deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar 
asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. 

 

La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el 
procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. 

 

En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su Asesor 
jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor jurídico 
intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. 

 

Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo 

En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, 
ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, 
objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que 
tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. 

 

CAPÍTULO III 

IMPUTADO 


 

Artículo 112. Denominación 

Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible 
autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. 

 

Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado 
a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. 

 

Artículo 113. Derechos del Imputado 

El imputado tendrá los siguientes derechos: 

 

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; 

 

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el 
Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; 

 

III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su 
perjuicio; 

 

IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra 
actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; 

 

V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que 
la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; 

 

VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten 
contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; 

 

VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya 
impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados 
por este Código; 

 

VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la 
investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los 
mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por 
este Código; 

 

X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se 
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la 
pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 

 

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con 
cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a 
falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse 
con él en estricta confidencialidad; 

 


XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o 
hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el 
Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, 
deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; 

 

XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; 

 

XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; 

 

XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; 

 

XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o 
personas con discapacidad o personas adultas mayores cuyo cuidado personal tenga a su 
cargo; 

Fracción reformada DOF 03-01-2024 

 

XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión 
preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; 

 

XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le 
proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y 

 

XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. 

 

Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial 
hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional competente. 

 

Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, o adultos 
mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio 
Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la 
protección. 

 

Artículo 114. Declaración del imputado 

El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá 
hacerlo ante el Ministerio Público o ante el Órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo 
amparan y en presencia de su Defensor. 

 

En caso que el imputado manifieste a la Policía su deseo de declarar sobre los hechos que se 
investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus 
manifestaciones con las formalidades previstas en este Código. 

 

CAPÍTULO IV 

DEFENSOR 

 

Artículo 115. Designación de Defensor 

El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que 
deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste o ante la 
omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda. 

 

La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular 
peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. 

 


Artículo 116. Acreditación 

Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el 
inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la 
autoridad competente. 

 

Artículo 117. Obligaciones del Defensor 

Son obligaciones del Defensor: 

 

I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la 
investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios 
para llevar a cabo una adecuada defensa; 

 

II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles 
que se le atribuyen; 

 

III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así 
como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; 

 

IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores 
elementos para la defensa; 

 

V. Comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre 
y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; 

 

VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; 

 

VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley 
señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de 
inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la 
prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; 

 

VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; 

 

IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión 
de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; 

 

X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de 
controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

 

XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, 
desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las 
objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; 

 

XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; 

 

XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; 

 

XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; 

 

XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, 
en su caso, promover el juicio de Amparo; 

 


XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, 
y 

 

XVII. Las demás que señalen las leyes. 

 

Artículo 118. Nombramiento posterior 

Durante el transcurso del procedimiento el imputado podrá designar a un nuevo Defensor, sin 
embargo, hasta en tanto el nuevo Defensor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el Órgano 
jurisdiccional o el Ministerio Público le designarán al imputado un Defensor público, a fin de no dejarlo en 
estado de indefensión. 

 

Artículo 119. Inadmisibilidad y apartamiento 

En ningún caso podrá nombrarse como Defensor del imputado a cualquier persona que sea 
coimputada del acusado, haya sido sentenciada por el mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe 
del encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho. 

 

Artículo 120. Renuncia y abandono 

Cuando el Defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional le 
harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro Defensor; sin embargo, en tanto no lo 
designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un Defensor público. 

 

Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica 

Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad 
técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. 

 

Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo 
Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para 
colaborar en su defensa. 

 

Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará 
vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. 

 

En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una 
defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. 

 

Artículo 122. Nombramiento del Defensor público 

Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un Defensor particular, el Ministerio Público 
solicitará a la autoridad competente se nombre un Defensor público; si es ante el Órgano jurisdiccional 
éste designará al defensor público, que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que 
intervenga. Será responsabilidad del defensor la oportuna comparecencia. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 123. Número de Defensores 

El imputado podrá designar el número de Defensores que considere conveniente, los cuales, en las 
audiencias, tomarán la palabra en orden y deberán actuar en todo caso con respeto. 

 

Artículo 124. Defensor común 

La defensa de varios imputados en un mismo proceso por un Defensor común no será admisible, a 
menos que se acredite que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses de las defensas de los 
imputados. Si se autoriza el Defensor común y la incompatibilidad se advierte en el curso del proceso, 
será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al Defensor. 

 

Artículo 125. Entrevista con los detenidos 


El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, antes de rendir declaración tendrá 
derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su Defensor, cuando así lo solicite, en el 
lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar 
todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 126. Entrevista con otras personas 

Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el Defensor tuviera necesidad de entrevistar 
a una persona o interviniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, 
explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El Órgano jurisdiccional, en caso de 
considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el 
Defensor en el lugar y tiempo que aquélla establezca o el propio Órgano jurisdiccional determine. Esta 
autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Órgano 
jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de 
protección. 

 

CAPÍTULO V 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 127. Competencia del Ministerio Público 

Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios 
periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida 
por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del 
delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 

 

Artículo 128. Deber de lealtad 

El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga 
con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. 

 

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en 
la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar 
favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos 
elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las 
investigaciones. 

 

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia 

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y 
conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el 
debido proceso. 

 

Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la 
audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que 
sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad 
con lo previsto en este Código. 

 

Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, 
podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y 
útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá 
sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen 
conducentes para efectos de la investigación. 

 


El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del 
Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es 
relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. 

 

Artículo 130. Carga de la prueba 

La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 
establezca el tipo penal. 

 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; 

 

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de 
medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones 
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; 

 

III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá 
coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; 

 

IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias 
para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del 
mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su 
preservación y procesamiento; 

 

V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la 
recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas 
resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que 
determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su 
reparación. Cuando se trate del delito de feminicidio se deberán aplicar los protocolos previstos 
para tales efectos; 

Fracción reformada DOF 25-04-2023 

 

VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando 
ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; 

 

VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de 
investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que 
dichas autoridades hubieren practicado; 

 

VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios 
recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser 
llevadas a cabo dentro de la investigación; 

 

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la 
práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

 

X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones 
que sean necesarias dentro de la misma; 

 

XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos 
que establece este Código; 


 

XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u 
ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para 
ellos; 

 

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad 
de no investigar en los casos autorizados por este Código; 

 

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código; 

 

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a 
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, 
peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, 
cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; 

 

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; 

 

XVII. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos 
establecidos en el presente Código; 

 

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas 
anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las 
disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; 

 

XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que 
los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del 
procedimiento; 

 

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que 
correspondan; 

 

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin 
perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; 

 

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución; 

Fracción reformada DOF 25-04-2023 

 

XXIII Bis. Tratándose de delitos por razón de género, se deberá investigar con perspectiva de género, 
y 

Fracción adicionada DOF 25-04-2023 

 

XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

POLICÍA 

 

Artículo 132. Obligaciones del Policía 


El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos 
en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 

Párrafo reformado DOF 25-04-2023 

 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al 
Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; 

 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a 
efecto de que éste coordine la investigación; 

 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona 
detenida los derechos que ésta le otorga; 

 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. 
Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión 
real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a 
quienes tiene la obligación de proteger; 

 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la 
investigación de los delitos; 

 

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier 
persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las 
disposiciones aplicables; 

 

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al 
Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través 
del Ministerio Público; 

 

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios 
para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con 
capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las 
disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; 

 

IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos 
de la fracción anterior; 

 

X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; 

 

XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y 
documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público 
para que determine lo conducente; 

 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 

 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 


Inciso reformado DOF 25-04-2023 

 

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, 
tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, y 

Inciso reformado DOF 25-04-2023 

 

e) Tratándose de delitos por razón de género, deberá actuar con perspectiva de género. 

Inciso adicionado DOF 25-04-2023 

 

XII Bis. Cuando se trate de delitos por motivo de género se deberán aplicar los protocolos previstos 
para tales efectos; 

Fracción adicionada DOF 25-04-2023 

 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos; 

 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello 
tenga el carácter de informes periciales, y 

 

XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

JUECES Y MAGISTRADOS 

 

Artículo 133. Competencia jurisdiccional 

Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: 

 

I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce 
desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; 

 

II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y 

 

III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé 
este Código. 

 

Artículo 134. Deberes comunes de los jueces 

En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y 
magistrados, los siguientes: 

 

I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los 
términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la 
función jurisdiccional; 

 

II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el 
procedimiento; 

 

III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado 
en el ejercicio del cargo; 

 

IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro 
del procedimiento penal; 

 


V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera 
condena; 

 

VI. Mantener el orden en las salas de audiencias; 

Fracción reformada DOF 25-04-2023 

 

VI Bis. Tratándose de delitos por razón de género, se deberá juzgar con perspectiva de género; 

Fracción adicionada DOF 25-04-2023 

 

VI Ter. Cuando se trate de delitos por motivo de género se deberán aplicar los protocolos para juzgar 
con perspectiva de género, y 

Fracción adicionada DOF 25-04-2023 

 

VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 135. La queja y su procedencia 

Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro 
del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento 
y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. 

 

La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro 
horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las 
cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el 
recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano 
Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose 
limitar su resolución a que se realice el acto omitido. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

CAPÍTULO VIII 

AUXILIARES DE LAS PARTES 

 

Artículo 136. Consultores técnicos 

Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran 
necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al Órgano 
jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para 
apoyarla técnicamente. 

 

TÍTULO VI 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN 
DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES 

 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS 

 

Artículo 137. Medidas de protección 


El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la 
aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo 
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: 

 

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 

 

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se 
encuentre; 

 

III. Separación inmediata del domicilio; 

 

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que 
tuviera en su posesión el probable responsable; 

 

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a 
personas relacionados con ellos; 

 

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 

 

VII. Protección policial de la víctima u ofendido; 

 

VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o 
se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; 

 

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus 
descendientes, y 

 

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. 

 

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las 
fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o 
modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. 

 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna 
de las medidas de apremio previstas en este Código. 

 

En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera 
supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima 

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar 
al juez las siguientes providencias precautorias: 

 

I. El embargo de bienes, y 

 

II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. 

 

El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos 
por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la 
probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. 

 


Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición 
del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio 
Público. 

 

Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del 
daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no 
solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de 
cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se 
dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. 

 

La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que 
condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas 
generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias 

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración 
máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. 

 

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su 
Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos. 

 

CAPÍTULO II 

LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 140. Libertad durante la investigación 

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión 
preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida 
cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos 
de lo dispuesto por este Código. 

 

Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga 
de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación 
y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo 
con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. 

 

CAPÍTULO III 

FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO 

 

SECCIÓN I 

Citatorio, órdenes de comparecencia y aprehensión 

 

Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión 

Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el 
Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su 
comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: 

 

I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; 

 

II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo 
sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y 

 


III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que 
existe la necesidad de cautela. 

 

En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se 
atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la 
conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. 

 

También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de 
comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 

 

La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa 
justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté 
detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la 
declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya 
sustraído de la acción de la justicia. 

 

El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para 
detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un 
procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya 
concluido. 

 

El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una 
medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo 
estime estrictamente necesario. 

 

Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión 

En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos 
atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las 
razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. 

 

Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia 
privada con el Juez de control. 

 

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia 

El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a 
través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno 
de los elementos planteados en la solicitud. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de 
las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en 
que se haya recibido la solicitud. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los 
requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al 
Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de 
control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que 
tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control 


considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de 
delito. 

 

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de 
aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 

 

Artículo 144. Desistimiento de la acción penal 

El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del 
procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia. 

 

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del 
funcionario que en él delegue esa facultad. 

 

El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de 
enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial 
resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. 

 

En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución 
emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada. 

 

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión 

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la 
ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de 
aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido 
la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones 
privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, 
debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. 

 

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la 
orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la 
formulación de imputación. 

 

Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado 
inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de 
formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al 
Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, 
entregar al imputado una copia de la misma. 

 

Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá 
informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la 
audiencia inicial. 

 

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de 
la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por 
la aparición de nuevos datos. 

 

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del 
funcionario que en él delegue esta facultad. 

 

El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su 
petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata. 

 


La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse 
orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba 
sobreseerse el proceso. 

 

La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido. 

 

SECCIÓN II 

Flagrancia y caso urgente 

 

Artículo 146. Supuestos de flagrancia 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay 
flagrancia cuando: 

 

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 

 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 

 

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o 

 

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los 
hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su 
poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios 
que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 

 

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido 
detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito 
no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 

 

Artículo 147. Detención en caso de flagrancia 

Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar 
inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio 
Público. 

 

Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y 
realizarán el registro de la detención. 

 

La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los 
lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. 

 

En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán 
ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están 
poniendo a disposición. 

 

Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran querella 

Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella 
de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal 
efecto un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser 
mayor de doce horas, contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado o de veinticuatro horas 
a partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos estos plazos no 
se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato. 

 


En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de presentar su querella, se agotará el 
plazo legal de detención del imputado. En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el 
tercer grado o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con independencia de 
que la víctima u ofendido la ratifique o no con posterioridad. 

 

Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público 

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó 
la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no 
fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata 
de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que 
correspondan. 

 

Así también, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha 
medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la 
acción penal. 

 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando 
los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando 
concurran los siguientes supuestos: 

 

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que 
exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican 
como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de 
prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo 
término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; 

 

II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y 

 

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse. 

 

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de 
tentativa punible. 

 

Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el 
registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya 
emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control. 

 

El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al 
realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las 
disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. 

 

Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la 
pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos. 

 

Artículo 151. Asistencia consular 

En el caso de que el detenido sea extranjero, el Ministerio Público le hará saber sin demora y le 
garantizará su derecho a recibir asistencia consular, por lo que se le permitirá comunicarse a las 
Embajadas o Consulados del país respecto de los que sea nacional; y deberá notificar a las propias 
Embajadas o Consulados la detención de dicha persona, registrando constancia de ello, salvo que el 
imputado acompañado de su Defensor expresamente solicite que no se realice esta notificación. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 


 

El Ministerio Público y la Policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si un 
extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre y el motivo. 

 

Artículo 152. Derechos que asisten al detenido 

Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que 
la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en 
cualquier etapa del período de custodia: 

 

I. El derecho a informar a alguien de su detención; 

 

II. El derecho a consultar en privado con su Defensor; 

 

III. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las 
fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal; 

 

IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal; 

 

V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas; 

 

VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le 
proveerán prendas de vestir, y 

 

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar 
sufriendo de un trastorno mental. 

 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable 
para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u 
ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 

 

Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para 
medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. 

 

Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares 

El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, 
en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: 

 

I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de 
una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o 

 

II. Se haya vinculado a proceso al imputado. 

 

En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida 
cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de 
formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes 


para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser 
desahogada en las siguientes veinticuatro horas. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares 

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o 
varias de las siguientes medidas cautelares: 

 

I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; 

 

II. La exhibición de una garantía económica; 

 

III. El embargo de bienes; 

 

IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; 

 

V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito 
territorial que fije el juez; 

 

VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o 
internamiento a institución determinada; 

 

VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; 

 

VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las 
víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; 

 

IX. La separación inmediata del domicilio; 

 

X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por 
servidores públicos; 

 

XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; 

 

XII. La colocación de localizadores electrónicos; 

 

XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o 

 

XIV. La prisión preventiva. 

 

Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de 
culpabilidad o como sanción penal anticipada. 

 

Artículo 156. Proporcionalidad 

El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, 
deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio 
Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada 
persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. 

 

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el 
análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, 
imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. 

 


En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida 
cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. 

 

Artículo 157. Imposición de medidas cautelares 

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con 
presencia de las partes. 

 

El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar 
varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea 
más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse 
con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización 
de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. 

 

En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el 
objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente 
Código. 

 

Artículo 158. Debate de medidas cautelares 

Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del 
Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o 
modificación de medidas cautelares. 

 

Artículo 159. Contenido de la resolución 

La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: 

 

I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; 

 

II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y 

 

III. La vigencia de la medida. 

 

Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales 

Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son 
apelables. 

 

Artículo 161. Revisión de la medida 

Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una 
medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o 
modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una 
audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se 
tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en 
consecuencia. 

 

Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares 

De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. 

 

Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida 

Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, 
modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. 

 

Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares 


La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la 
autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá 
por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. 

 

La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la 
investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate 
de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de 
una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a 
los agentes encargados de la persecución penal. 

 

Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de 
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcionará a las partes 
la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al Órgano 
jurisdiccional. 

 

Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de 
carácter público, y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva. 

 

Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, 
previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar. 

 

La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos 
de la ley de la materia. 

 

Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva 

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión 
preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. 

 

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, 
el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para 
imponer otras medidas cautelares. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 166. Excepciones 

En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una 
enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute 
en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las 
medidas cautelares que procedan. 

 

De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, 
o de madres durante la lactancia. 

 

No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de 
control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su 
riesgo social. 

 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo 
domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 


imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en 
los términos del presente Código. 

 

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se 
solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en 
cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión 
preventiva. 

 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 
casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, 
feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales 
con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

Párrafo reformado DOF 19-02-2021 

 

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada 
de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y 
sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la 
delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de 
conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 19-02-2021 

 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal 
Federal, de la manera siguiente: 

Párrafo reformado DOF 08-11-2019 

 

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 

 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 

 

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 

 

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 

 

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 

 

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

 

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 

 

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 

 

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 


para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en 
contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y 
Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

 

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 

 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero; 

Fracción reformada DOF 19-02-2021 

 

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 
220, en relación con su cuarto párrafo; 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 
Ter y 381, fracción XVII. 

Fracción adicionada DOF 19-02-2021 

 

[Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la 
Federación, de la siguiente manera: 

 

I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, 
fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo 
segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados; 

 

II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 
109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 
108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y 

 

III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las 
cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la 
fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.] 

Párrafo con fracciones adicionado DOF 08-11-2019 

Párrafo con fracciones declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022 


 

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente 
cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del 
imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de 
la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de 
cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha 
forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. 

Párrafo reformado DOF 19-02-2021 

 

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de 
celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la 
sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano 
especializado en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 19-02-2021 

 

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un 
Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de 
prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el 
o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la 
reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. 

Párrafo adicionado DOF 19-02-2021 

Reforma DOF 19-02-2021: Suprimió del artículo el entonces párrafo quinto 

 

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado 

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control 
tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 

 

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer 
oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; 

 

II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se 
trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; 

 

III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro 
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; 

 

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o 

 

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran 
realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. 

 

Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación 

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control 
tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público 
para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: 

 

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; 

 

II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de 
manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o 

 


III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la 
investigación. 

 

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad 

La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se 
establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho 
y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la 
existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su 
integridad personal o ponga en riesgo su vida. 

 

Artículo 171. Pruebas para la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la 
prisión preventiva 

Las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, 
revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. 

 

En todos los casos se estará a lo dispuesto por este Código en lo relativo a la admisión y desahogo de 
medios de prueba. 

 

Los medios de convicción allegados tendrán eficacia únicamente para la resolución de las cuestiones 
que se hubieren planteado. 

 

Artículo 172. Presentación de la garantía 

Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Juez de control previamente 
tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver 
sobre dicho monto, el Juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a 
juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u 
ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar las características del 
imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su 
cargo. 

 

El Juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado 
se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. 

 

Artículo 173. Tipo de garantía 

La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras: 

 

I. Depósito en efectivo; 

 

II. Fianza de institución autorizada; 

 

III. Hipoteca; 

 

IV. Prenda; 

 

V. Fideicomiso, o 

 

VI. Cualquier otra que a criterio del Juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad. 

 

El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al imputado por otra 
equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido, si estuviese presente. 

 

Las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o 
de las Entidades federativas, según corresponda y demás legislaciones aplicables. 


 

El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en 
la institución de crédito autorizada para ello; sin embargo, cuando por razones de la hora o por tratarse 
de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el Juez de control recibirá la cantidad en efectivo, 
asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada. 

 

Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares 

Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta 
a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto 
de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. 

 

El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar 
impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden 
de aprehensión. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la 
audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o 
comparecencia. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento 
de la audiencia. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, 
exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que 
presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si 
no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la 
Ley General de Víctimas. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones 
V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar 
aviso inmediatamente y por cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará 
su arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del artículo 104 de este Código, para que dentro de 
la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida 
cautelar; siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría 
dicha medida de apremio. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 175. Cancelación de la garantía 

La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella, cuando: 

 

I. Se revoque la decisión que la decreta; 

 

II. Se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, o 

 

III. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse. 

 

CAPÍTULO V 


DE LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

SECCIÓN I 

De la Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso 

 

Artículo 176. Naturaleza y objeto 

La Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá 
por objeto realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de las 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, en caso de que no sea una institución de 
seguridad pública se podrá auxiliar de la instancia policial correspondiente para el desarrollo de sus 
funciones. 

 

Esta autoridad deberá proporcionar a las partes información sobre la evaluación de riesgos que 
representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso que le soliciten. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso 

La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tendrá 
las siguientes obligaciones: 

 

I. Supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión 
preventiva, y las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del 
proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación 
de las medidas u obligaciones impuestas; 

 

II. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al 
cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del 
proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente; 

 

III. Realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se 
encuentre el imputado; 

 

IV. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre, 
cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso 
impuesta por la autoridad judicial así lo requiera; 

 

V. Requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible uso 
de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso, cuando la 
modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo 
requiera; 

 

VI. Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial 
encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas; 

 

VII. Solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las 
medidas y obligaciones impuestas; 

 


VIII. Revisar y sugerir el cambio de las condiciones de las medidas impuestas al imputado, de oficio 
o a solicitud de parte, cuando cambien las circunstancias originales que sirvieron de base para 
imponer la medida; 

 

IX. Informar a las partes aquellas violaciones a las medidas y obligaciones impuestas que estén 
debidamente verificadas, y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o 
suspensión y sugerir las modificaciones que estime pertinentes; 

 

X. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones 
impuestas, su seguimiento y conclusión; 

 

XI. Solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de 
Entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; 

 

XII. Ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las oficinas 
con funciones similares de la Federación o de las Entidades federativas en sus respectivos 
ámbitos de competencia; 

 

XIII. Canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias de 
salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la modalidad de la medida cautelar 
o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera, y 

 

XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable. 

 

Artículo 178. Riesgo de incumplimiento de medida cautelar distinta a la prisión preventiva 

En el supuesto de que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso, advierta que existe un riesgo objetivo en inminente de fuga o de afectación a la 
integridad personal de los intervinientes, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que 
en su caso puedan solicitar al Juez de control la revisión de la medida cautelar. 

 

Artículo 179. Suspensión de la medida cautelar 

Cuando se determine la suspensión condicional de proceso, la autoridad judicial deberá suspender las 
medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse, si el 
proceso se reanuda, de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. 

 

Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida 

Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas 
cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de 
revisión de conformidad con las reglas de este Código. 

 

Artículo 181. Seguimiento de medidas cautelares en caso de suspensión del proceso 

Cuando el proceso sea suspendido en virtud de que la autoridad judicial haya determinado la 
sustracción de la acción de la justicia, las medidas cautelares continuarán vigentes, salvo las que resulten 
de imposible cumplimiento. 

 

En caso de que el proceso se suspenda por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas 
cautelares continuarán vigentes por el plazo que determine la autoridad judicial que no podrá exceder de 
cuarenta y ocho horas. 

 

Si el imputado es declarado inimputable, se citará a una audiencia de revisión de la medida cautelar 
proveyendo, en su caso, la aplicación de ajustes razonables solicitados por las partes. 

 

Artículo 182. Registro de actividades de supervisión 


Se llevará un registro, por cualquier medio fidedigno, de las actividades necesarias que permitan a la 
autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso tener certeza 
del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones impuestas. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

TÍTULO I 

SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 183. Principio general 

En los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este 
Título. 

 

En todo lo no previsto en este Título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas 
del proceso ordinario. 

 

Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un 
registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión 
condicional del proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser consultado por el 
Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de 
solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. 

Artículo reformado DOF 29-12-2014 

 

Artículo 184. Soluciones alternas 

Son formas de solución alterna del procedimiento: 

 

I. El acuerdo reparatorio, y 

 

II. La suspensión condicional del proceso. 

 

Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso 

El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. 

 

CAPÍTULO II 

ACUERDOS REPARATORIOS 

 

Artículo 186. Definición 

Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una 
vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como 
efecto la extinción de la acción penal. 

Artículo reformado DOF 29-12-2014 

 

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios 

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: 

 

I. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten 
el perdón de la víctima o el ofendido; 

Fracción reformada DOF 29-12-2014 


 

II. Delitos culposos, o 

 

III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. 

 

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado 
anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco 
procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades 
federativas. [Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las 
fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código.] 

Párrafo reformado DOF 29-12-2014, 17-06-2016, 08-11-2019 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022 (En la porción 
normativa “Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del 
artículo 167 del presente Código”) 

 

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo 
reparatorio, salvo que haya sido absuelto. 

Párrafo adicionado DOF 29-12-2014. Reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 188. Procedencia 

Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de 
decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a 
proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición 
de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan 
concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. 

 

En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación 
del proceso. 

Artículo reformado DOF 29-12-2014 

 

Artículo 189. Oportunidad 

Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a 
los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. 

 

Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de 
señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo 
será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la 
prescripción de la acción penal. 

 

Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, 
según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. 

Párrafo reformado DOF 29-12-2014 

 

La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en 
perjuicio de las partes dentro del proceso penal. 

 

El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones 
pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 190. Trámite 

Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de 
investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este 
último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días 


siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo 
de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la 
materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar 
como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las 
partes. 

Párrafo reformado DOF 29-12-2014 

 

Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán 
que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los 
intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo 
condiciones de intimidación, amenaza o coacción. 

 

CAPÍTULO III 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

 

Artículo 191. Definición 

Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el 
Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación 
del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que 
garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, 
pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. 

 

Artículo 192. Procedencia 

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo 
de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: 

 

I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media 
aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, 
de una suspensión condicional anterior, en su caso. 

Fracción adicionada DOF 17-06-2016 

 

Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido 
absuelto en dicho procedimiento. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

[La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III 
del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código.] 

Párrafo adicionado DOF 08-11-2019 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022 

 

Artículo 193. Oportunidad 

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá 
solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio 
de la acción civil ante los tribunales respectivos. 

 

Artículo 194. Plan de reparación 

En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el 
imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. 


 

Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del 
proceso 

El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 
seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones 
que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: 

 

I. Residir en un lugar determinado; 

 

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; 

 

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; 

 

IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; 

 

V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que 
determine el Juez de control; 

 

VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; 

 

VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; 

 

VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, 
arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; 

 

IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; 

 

X. No poseer ni portar armas; 

 

XI. No conducir vehículos; 

 

XII. Abstenerse de viajar al extranjero; 

 

XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o 

 

XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los 
derechos de la víctima. 

 

Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una 
evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control 
condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. 

 

El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en 
su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. 

 

Artículo 196. Trámite 

La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La 
incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la 
solicitud. 

 

En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se 
rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el 


Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón 
suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. 

 

La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser 
utilizada en caso de continuar el proceso penal. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba 

En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente 
Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o 
ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en 
el proceso. 

 

Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso 

Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el 
plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o 
culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, 
previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una 
audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del 
proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. 

 

El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 
dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. 

 

Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta 
en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser 
destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u 
ofendido. 

 

La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así 
como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad 
por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. 

 

Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las 
condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal 
efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en 
tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. 

 

Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso 

La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal 
del delito de que se trate. 

 

Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del 
proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo 
establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se 
extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el 
sobreseimiento. 

 

Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo 

Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público 
deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún 
mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de 
investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos. 


 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

 

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez 

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes 
requisitos: 

 

I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación 
y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación 
de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así 
como las penas y el monto de reparación del daño; 

 

II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición 
que se encuentre fundada, y 

 

III. Que el imputado: 

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances 
del procedimiento abreviado; 

 

b) Expresamente renuncie al juicio oral; 

 

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; 

 

d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; 

 

e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio 
Público al formular la acusación. 

 

Artículo 202. Oportunidad 

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte 
el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. 

 

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido 
debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. 

 

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se 
lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no 
exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá 
solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos 
terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le 
correspondiere al delito por el cual acusa. 

 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en 
los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena 
de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio 
Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado 
y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso 
conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. 

 

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá 
observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. 


 

Artículo 203. Admisibilidad 

En la misma audiencia, el Juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique 
que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del 
apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se 
desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. 

 

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de control, se tendrá por no formulada la 
acusación oral que hubiere realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su 
caso, hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas 
para el procedimiento ordinario. Asimismo, el Juez de control ordenará que todos los antecedentes 
relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean 
eliminados del registro. 

 

Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio 
Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. 

 

Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido 

La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control 
que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. 

 

Artículo 205. Trámite del procedimiento 

Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la 
acusación con los datos de prueba respectivos, el Juez de control resolverá la oposición que hubiere 
expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten 
la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver 
sobre la autorización del procedimiento abreviado. 

 

Una vez que el Juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al 
Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico, de estar presentes y después a la 
defensa; en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. 

 

Artículo 206. Sentencia 

Concluido el debate, el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar 
lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de 
forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. 

 

No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio 
Público y aceptada por el acusado. 

 

El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para 
aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima u ofendido. 

 

Artículo 207. Reglas generales 

La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DEL PROCESO 

 

Artículo 208. Reglas para las obligaciones de la suspensión condicional del proceso 


Para el seguimiento de las obligaciones previstas en el artículo 195, fracciones III, IV, V, VI, VIII y XIII 
las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial, informarán a la autoridad de 
supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. 

 

Artículo 209. Notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso 

Concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que 
deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para 
tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. 

 

Artículo 210. Notificación del incumplimiento 

Cuando considere que se ha actualizado un incumplimiento injustificado, la autoridad de supervisión 
de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso enviará el reporte de incumplimiento a 
las partes para que soliciten la audiencia de revocación de la suspensión ante el juez competente. 

 

Si el juez determina la revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión 
de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 

 

El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de 
la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para pedir la revisión de las condiciones 
u obligaciones impuestas a la brevedad posible. 

 

TÍTULO II 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 211. Etapas del procedimiento penal 

El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: 

 

I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: 

 

a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro 
requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de 
control para que se le formule imputación, e 

 

b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se 
agota una vez que se haya cerrado la investigación; 

 

II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación 
hasta el auto de apertura del juicio, y 

 

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia 
emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

 

La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la 
audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El 
ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del 
detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo 
cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. 

 


El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. 

 

TÍTULO III 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES A LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 212. Deber de investigación penal 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como 
delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo 
en los casos autorizados en la misma. 

 

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, 
libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que 
permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la 
identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. 

 

Artículo 213. Objeto de la investigación 

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación 
contra el imputado y la reparación del daño. 

 

Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación 

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados. 

 

Artículo 215. Obligación de suministrar información 

Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que 
requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho 
delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, 
tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. 
En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las 
leyes aplicables. 

 

Artículo 216. Proposición de actos de investigación 

Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como 
su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de 
investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio 
Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en 
un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio 
Público. 

 

Artículo 217. Registro de los actos de investigación 

El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen 
durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la 
información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los 
sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. 

 


Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. 
Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o 
la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. 

 

El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en 
que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido 
y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. 

 

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación 

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su 
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, 
son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con 
las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. 

 

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en 
cualquier momento. 

 

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para 
comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a 
partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor 
a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de 
molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 

 

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su 
Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las 
leyes especiales. 

 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente 
deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, 
archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal 
Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, 
contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial 

Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los 
registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En 
caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las 
copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. 

 

Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información 

El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información 
se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la 
destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del 
hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes 
jurídicos. 

 

Si el Juez de control considera procedente la solicitud, así lo resolverá y determinará el plazo de la 
reserva, siempre que la información que se solicita sea reservada, sea oportunamente revelada para no 
afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, 
pero no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación. 

 


CAPÍTULO II 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 221. Formas de inicio 

La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, 
por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a 
proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. 

 

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la 
comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad 
investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. 

 

Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados 
mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la 
información, se iniciará la investigación correspondiente. 

 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya 
persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna 
autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o 
atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación 
que adopten. 

 

El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las 
disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que 
perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé este 
Código. 

 

Artículo 222. Deber de denunciar 

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito 
está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la 
Policía. 

 

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho 
que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, 
proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido 
detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las 
sanciones correspondientes. 

 

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la 
coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo 
previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a 
preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las 
medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así 
como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter 
de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por 
consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la 
colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 

 

Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia 


La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia 
anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración 
circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo 
hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. 

 

En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del 
denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la 
reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. 

 

En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella digital, previa lectura que 
se le haga de la misma. 

 

Artículo 224. Trámite de la denuncia 

Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la 
investigación conforme a las reglas previstas en este Código. 

 

Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará de dicha circunstancia al Ministerio 
Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se 
requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público. 

 

Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente 

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre 
facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de 
que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de 
este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal 
correspondiente. 

 

La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para la 
denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos 
para, en su caso, proceder en los términos que prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de 
procedibilidad equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación. 

 

Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho 

Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria 
potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por 
sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria 
potestad, la tutela o sus propios representantes. 

 

CAPÍTULO III 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 227. Cadena de custodia 

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, 
instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el 
lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. 

 

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de 
custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de 
recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en 


cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las 
personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 

 

Artículo 228. Responsables de cadena de custodia 

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las 
funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, 
vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. 

 

Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor 
probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que 
hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Los indicios, huellas o 
vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito deberán 
concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, con independencia de la 
responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la inobservancia de este 
procedimiento. 

 

Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito 

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o 
pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del 
hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan 
o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que 
atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. 

 

Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes 

El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: 

 

I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y 
cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con 
quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser 
firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y 
cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; 

 

II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de 
los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de 
los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y 

 

III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición 
de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá 
informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto 
del hecho delictivo. 

Fracción reformada DOF 09-08-2019 

 

Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono 

El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del 
objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, 
entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, 
para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos 
que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en 
la Entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según 
corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá 


al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los 
bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término 
de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del 
Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2019 

 

Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los 
bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los 
bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de 
los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. 

 

La citación a la audiencia se realizará como sigue: 

 

I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; 

 

II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, 
por estrados y boletín judicial, y 

 

III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de 
conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. 

 

El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado 
haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo 
correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir 
derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren 
cubierto los requerimientos legales. 

 

La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los 
bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al Gobierno Federal o de la Entidad 
federativa que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2019 

 

Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados 

Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados 
o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. 
Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la 
autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el 
embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los 
entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. 

 

Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, 
interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, 
salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. 

 

El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio 
existentes con anterioridad sobre los bienes. 

 

Artículo 233. Registro de los bienes asegurados 

Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones 
aplicables: 

 


I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, 
negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro 
bien o derecho susceptible de registro o constancia, y 

 

II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la 
fracción anterior. 

 

El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la 
autoridad judicial o el Ministerio Público. 

 

Artículo 234. Frutos de los bienes asegurados 

A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo 
tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. 

 

Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a numerario implican que éstos entren al erario 
público. 

 

Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad 
intelectual, derechos de autor e hidrocarburos. 

Encabezado del artículo reformado DOF 12-01-2016 

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos 
de propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su 
conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, previa 
autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente fotografiarlos o 
videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la naturaleza, peso, cantidad o 
volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en 
los registros de la investigación que al efecto se inicie. 

 

Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a 
disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su entrega a los 
asignatarios, contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes estarán obligados a 
recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa inspección en la que se determinará la 
naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la 
elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la carpeta de investigación y en 
proceso, según sea el caso. 

Párrafo adicionado DOF 12-01-2016 

 

Artículo 236. Objetos de gran tamaño 

Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros 
similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser 
videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se 
hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de 
delito. 

 

Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño 

Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados, 
o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo 
según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios 
eficaces para la comisión del delito. 

 

Artículo 238. Aseguramiento de flora y fauna 


Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados 
necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de 
la dependencia competente o institución de educación superior o de investigación científica. 

 

Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos 

Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán 
en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. 

 

Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público debe cerciorarse: 

 

I. Que el vehículo no tenga reporte de robo; 

 

II. Que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; 

 

III. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y 

 

IV. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora. 

 

Artículo 240. Aseguramiento de vehículos 

En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el 
aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación 
judicial en términos de lo previsto por este Código. 

 

En la aprobación judicial se determinará si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, 
instrumento o producto del hecho delictivo, determinando su conservación o su administración, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2019 

 

Artículo 241. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos 

Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos se hará del conocimiento de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

 

Artículo 242. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras 

[El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de 
cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las 
instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la 
autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, 
quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto 
contrario al aseguramiento.] 

Artículo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 25-06-2018 

 

Artículo 243. Efectos del aseguramiento en actividades lícitas 

El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, 
negociaciones o establecimientos con actividades lícitas. 

 

Tratándose de los delitos que refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos, el Ministerio Público de la Federación, asegurará el establecimiento 
mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada le sea 
transferida. 

Párrafo adicionado DOF 12-01-2016 

 


Previo a que la empresa sea transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se 
retirará el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministrarán los 
hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades, siempre y cuando la empresa cuente con 
los recursos para la compra del producto; suministro que se llevará a cabo una vez que la empresa haya 
sido transferida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para su administración. 

Párrafo adicionado DOF 12-01-2016 

 

En caso de que el establecimiento o empresa prestadora del servicio corresponda a un franquiciatario 
o permisionario, el aseguramiento constituirá causa justa para que el franquiciante pueda dar por 
terminados los contratos respectivos en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y tratándose del 
permisionario, el otorgante del permiso pueda revocarlo. Para lo anterior, previamente la autoridad 
ministerial o judicial deberá determinar su destino. 

Párrafo adicionado DOF 12-01-2016 

 

Artículo 244. Cosas no asegurables 

No estarán sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o 
intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos por razón 
de parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la ley. En todo caso, serán 
inadmisibles como fuente de información o medio de prueba. 

 

No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en 
este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible o 
existan indicios fundados de que están encubriéndolo ilegalmente. 

 

Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados 

La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: 

 

I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un 
criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el 
aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o 

 

II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

 

La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiera 
el bien, o el valor del mismo. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2019 

 

Artículo 246. Entrega de bienes 

Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes 
que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de 
realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros 
medios que resulten idóneos de estos bienes. 

 

Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la 
obligación de exhibirlos cuando se le requiera. 

 

Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o 
el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de 
los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no 
hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se 
trate, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2019 


 

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad 
que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación. 

 

Artículo 247. Devolución de bienes asegurados 

La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren 
generado. 

 

Previo a la instrucción de devolución, el Ministerio Público deberá revisar que los bienes no hayan 
causado abandono en los términos establecidos por este Código. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2019 

 

La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos 
durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la 
instancia correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba. 

 

La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas 
rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la persona que tenga derecho a ello, y le 
entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la 
administración. 

 

Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que 
revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el 
inventario correspondiente. 

 

Artículo 248. Bienes que hubieren sido convertidos a numerario o sobre los que exista 
imposibilidad de devolver 

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido 
convertidos a numerario o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la 
titularidad del derecho de devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable. 

Artículo reformado DOF 09-08-2019 

 

Artículo 249. Aseguramiento por valor equivalente 

En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no 
se localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público [decretará o] solicitará al Órgano 
jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de 
bienes propiedad del o de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan 
como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en 
materia de extinción de dominio. 

Artículo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 25-06-2018 (En la porción normativa que indica 
“decretará o”) 

 

Artículo 250. Decomiso 

La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el 
decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código 
o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. 

 

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad 
que haya ordenado su decomiso solicitará la inscripción de la sentencia. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2019 

 

El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes 
decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y descontado el porcentaje por concepto de 
gastos indirectos de operación a que refiere la Ley de Ingresos de la Federación, del ejercicio fiscal que 


corresponda, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, serán entregados en partes 
iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al fondo previsto en la 
Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas públicas prioritarias, conforme lo determine el 
Gabinete Social de la Presidencia de la República a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal a través de la instancia designada para tal efecto. Para el caso del reparto del producto 
de la extinción de dominio en el fuero común, serán entregados en las mismas proporciones a las 
instancias equivalentes existentes en cada Entidad federativa. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2019 

 

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de 
control 

No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: 

 

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; 

 

II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; 

 

III. La inspección de personas; 

 

IV. La revisión corporal; 

 

V. La inspección de vehículos; 

 

VI. El levantamiento e identificación de cadáver; 

 

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; 

 

VIII. El reconocimiento de personas; 

 

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los 
términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; 

 

X. La entrevista de testigos; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, y 

Fracción adicionada DOF 17-06-2016 

 

XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. 

Fracción recorrida DOF 17-06-2016 

 

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el 
servidor público en quien éste delegue dicha facultad. 

 

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será 
citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente 
Código. 

 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control 

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización 
previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos 
establecidos en la Constitución, así como los siguientes: 


 

I. La exhumación de cadáveres; 

 

II. Las órdenes de cateo; 

 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

 

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros 
análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar 
la misma; 

 

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, 
y 

 

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar 

El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, 
querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos 
suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal 
del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. 

 

Artículo 254. Archivo temporal 

El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que 
no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de 
investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la 
investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar 
la acción penal. 

 

Artículo 255. No ejercicio de la acción 

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor 
público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los 
antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales 
de sobreseimiento previstas en este Código. 

 

La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente 
Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea 
por diversos hechos o en contra de diferente persona. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad 

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a 
las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la 
acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 
reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

 


I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga 
pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el 
delito no se haya cometido con violencia; 

 

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de 
delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares; 

 

III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico 
o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que 
torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena; 

 

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de 
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría 
imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más 
grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, 
resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

VII. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 17-06-2016 

 

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la 
personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente 
el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser 
aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que 
coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en 
consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. 

Párrafo reformado DOF 08-11-2019 

 

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin 
discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o 
equivalente. 

 

La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de 
que se dicte el auto de apertura a juicio. 

 

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor 
público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad 

La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o 
partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público 
se sustentara en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del 
artículo anterior, sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones. 

 


En el caso de la fracción V del artículo anterior, se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así 
como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su 
testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información, momento a partir del cual, el agente 
del Ministerio Público contará con quince días para resolver definitivamente sobre la procedencia de la 
extinción de la acción penal. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En el supuesto a que se refiere la fracción V del artículo anterior, se suspenderá el plazo de la 
prescripción de la acción penal. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 258. Notificaciones y control judicial 

Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la 
aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la 
víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días 
posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a 
una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, 
en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes 
legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control 
declarará sin materia la impugnación. 

 

La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno, con excepción 
de aquella en que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal, en cuyo 
caso, se suspenderán los efectos de la determinación ministerial hasta en tanto cause ejecutoria la 
decisión definitiva emitida. 

Párrafo reformado DOF 26-01-2024 

 

TÍTULO IV 

DE LOS DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 259. Generalidades 

Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. 

 

Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. 

 

Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio 
para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la 
legislación aplicable. 

 

Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan 
sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. 

 

Artículo 260. Antecedente de investigación 

El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve 
de sustento para aportar datos de prueba. 

 

Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas 

El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no 
desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer 
razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. 


 

Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, 
respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. 

 

Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al 
proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y 
contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión 
cierta sobre los hechos materia de la acusación. 

 

Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba 

Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los 
términos previstos en este Código. 

 

Artículo 263. Licitud probatoria 

Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser 
admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este Código. 

 

Artículo 264. Nulidad de la prueba 

Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos 
fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. 

 

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o 
Tribunal deberá pronunciarse al respecto. 

 

Artículo 265. Valoración de los datos y prueba 

El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y 
pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y 
explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los 
elementos probatorios. 

 

TÍTULO V 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ACTOS DE MOLESTIA 

 

Artículo 266. Actos de molestia 

Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. 
Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le 
asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a 
cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar 
medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su 
cooperación. 

 

CAPÍTULO II 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 267. Inspección 

La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos 
o productos del delito. 

 


Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si 
se considera necesario, la Policía se hará asistir de peritos. 

 

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el 
lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. 
Toda inspección deberá constar en un registro. 

 

Artículo 268. Inspección de personas 

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus 
posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva 
adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como 
delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. 
Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización 
judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha 
revisión, respetando en todo momento su dignidad. 

 

Artículo 269. Revisión corporal 

Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier 
persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de 
carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener 
imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud 
y la dignidad de la persona. 

 

Se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a 
negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la 
víctima y con respeto de sus derechos. 

 

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso 
deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad 
y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría. Las 
muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. 

 

Artículo 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas 

Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el 
artículo anterior se negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la Policía podrá solicitar 
al Órgano jurisdiccional, por cualquier medio, la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de 
investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes 
haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. De concederse la autorización 
requerida, el Órgano jurisdiccional deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la 
persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia a efecto de 
que tenga verificativo el acto correspondiente. 

 

El Órgano jurisdiccional al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público, deberá tomar en 
consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en 
el sentido de que no existe otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el 
imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en 
atención a la gravedad del hecho que se investiga. 

 

En la toma de muestras podrá estar presente una persona de confianza del examinado o el abogado 
Defensor en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. 
Tratándose de menores de edad estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del 


sujeto. A falta de alguno de éstos deberá estar presente el Ministerio Público en su calidad de 
representante social. 

 

En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad se proveerá de los apoyos 
necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. 

 

Cuando exista peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, la solicitud se hará por cualquier 
medio expedito y el Órgano jurisdiccional deberá autorizar inmediatamente la práctica del acto de 
investigación, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en este artículo. 

 

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres 

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que 
sean procedentes, se practicará: 

 

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos; 

 

II. El levantamiento del cadáver; 

 

III. El traslado del cadáver; 

 

IV. La descripción y peritajes correspondientes, o 

 

V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. 

 

Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de algún delito, el 
Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. 

 

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos previstos en este 
Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, practicada la inspección o la necropsia 
correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver. 

 

Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a 
su identificación. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo 
suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en 
su caso, dispensado. 

 

Artículo 272. Peritajes 

Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la 
práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no 
exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. 

 

Artículo 273. Acceso a los indicios 

Los peritos que elaboren los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los que 
versarán los mismos, o a los que se hará referencia en el interrogatorio. 

 

Artículo 274. Peritaje irreproducible 

Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que 
se verifique el primer análisis sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su 
existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Éste último 
supuesto o cualquier otro semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje 
independiente, deberá ser notificado por el Ministerio Público al Defensor del imputado, si éste ya se 
hubiere designado o al Defensor público, para que si lo estima necesario, los peritos de ambas partes, y 


de manera conjunta practiquen el examen, o bien, para que el perito de la defensa acuda a presenciar la 
realización de peritaje. 

 

La pericial deberá ser admitida como medio de prueba, no obstante que el perito designado por el 
Defensor del imputado no compareciere a la realización del peritaje, o éste omita designar uno para tal 
efecto. 

 

Artículo 275. Peritajes especiales 

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la 
naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con profesionales 
capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que 
ésta requiera, para la elaboración del dictamen respectivo. 

 

Artículo 276. Aportación de comunicaciones entre particulares 

Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al 
proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma. 

 

Las comunicaciones aportadas por los particulares deberán estar estrechamente vinculadas con el 
delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere este Código, ni la autoridad prestará el apoyo a 
que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. 

 

No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la 
persona con quien se guarda dicho deber. 

 

Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas 

El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. 

 

El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su 
Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el 
cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones 
necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. 

 

El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características 
físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar 
asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, 
el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica 
de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. 

 

Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de 
secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el 
Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar 
su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en 
su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. 

 

Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el 
nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila 
de identificación y, en su caso, del Defensor. 

 

Artículo 278. Pluralidad de reconocimientos 

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado 
sin que se comuniquen entre ellas. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas 
podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. 


 

Artículo 279. Identificación por fotografía 

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía 
legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con 
características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con 
excepción de la presencia del Defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. 

 

En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o 
imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está 
disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica. 

 

Artículo 280. Reconocimiento de objeto 

Antes del reconocimiento de un objeto, quien realice la diligencia deberá proceder a su descripción. 
Acto seguido se presentará el objeto o el registro del mismo para llevar a cabo el reconocimiento. 

 

Artículo 281. Otros reconocimientos 

Cuando se deban reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se 
observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas. 

 

Artículo 282. Solicitud de orden de cateo 

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de 
que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la 
autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará 
con un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad 
de la orden, así como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de 
investigación. 

 

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no 
será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado. 

 

Artículo 283. Resolución que ordena el cateo 

La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos: 

 

I. El nombre y cargo del Juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual 
se ordena; 

 

II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se 
espera encontrar en éstos; 

 

III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la 
posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los 
objetos que se buscan; 

 

IV. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro 
de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha 
exacta de realización, y 

 

V. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. 

 

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por 
cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del 
Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que se haya recibido. 


 

Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden 
de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 

 

Artículo 284. Negativa del cateo 

En caso de que el Juez de control niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las 
deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe 
ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga. 

 

Artículo 285. Medidas de vigilancia 

Aún antes de que el Juez de control competente dicte la orden de cateo, el Ministerio Público podrá 
disponer las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiera control judicial, que estime 
conveniente para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de 
documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo. 

 

Artículo 286. Cateo en residencia u oficinas públicas 

Para la práctica de un cateo en la residencia u oficina de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales 
autónomos, la Policía o el Ministerio Público recabarán la autorización correspondiente en los términos 
previstos en este Código. 

 

Artículo 287. Cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte 
extranjero en territorio mexicano 

Cuando tenga que practicarse un cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de 
transporte extranjero en territorio mexicano se observarán además las disposiciones previstas en los 
Tratados, las leyes y reglamentos aplicables. 

 

Artículo 288. Formalidades del cateo 

Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en 
posesión del lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a 
cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar. 

 

Cuando no se encuentre persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el 
cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública 
para ingresar. 

 

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la 
designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó, salvo 
que no hayan participado en el mismo. Cuando no se cumplan estos requisitos, los elementos 
encontrados en el cateo carecerán de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de 
los ocupantes del lugar. 

 

Al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados, y de no ser posible inmediatamente, 
se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre. 

 

Si para la práctica del cateo es necesaria la presencia de alguna persona diferente a los servidores 
públicos propuestos para ello, el Ministerio Público, deberá incluir los datos de aquellos así como la 
motivación correspondiente en la solicitud del acto de investigación. 

 

En caso de autorizarse la presencia de particulares en el cateo, éstos deberán omitir cualquier 
intervención material en la misma y sólo podrán tener comunicación con el servidor público que dirija la 
práctica del cateo. 


 

Artículo 289. Descubrimiento de un delito diverso 

Si al practicarse un cateo resultare el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se 
formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito, observándose en este 
caso lo relativo a la cadena de custodia y se hará constar esta circunstancia en el registro para dar inicio 
a una nueva investigación. 

 

Artículo 290. Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial 

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando: 

 

I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en 
riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o 

 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 

 

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo dentro de los 
cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A dicha audiencia deberá asistir la persona que 
otorgó su consentimiento a efectos de ratificarla. 

 

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta 
que al efecto se levante. 

 

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas 

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría General de la República, o en quienes éste 
delegue esta facultad, así como los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez 
federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, 
expresando el objeto y necesidad de la misma. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de comunicación, o programas que 
sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, 
video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las 
conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en 
tiempo real. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un 
plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido. 

 

También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste 
en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones; así como la 
información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video contenidos en cualquier dispositivo, 
accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda 
contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos 
vinculados con éstos. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la autorización 
deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 

 


Los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que se 
realice en los términos de la resolución judicial. 

 

Artículo 292. Requisitos de la solicitud 

La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que 
serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo 
de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos, y en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio 
de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. 

 

El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de 
dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos 
elementos que así lo justifiquen. 

 

Artículo 293. Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención de las 
comunicaciones privadas 

En la autorización, el Juez de control determinará las características de la intervención, sus 
modalidades, límites y en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas modos específicos de 
colaboración. 

 

Artículo 294. Objeto de la intervención 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, 
por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o 
inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la 
comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores. 

 

En ningún caso se podrán autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, 
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su 
Defensor. 

 

El Juez podrá en cualquier momento verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos 
autorizados y, en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total. 

 

Artículo 295. Conocimiento de delito diverso 

Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la 
comisión de un delito diverso de aquellos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el 
registro para dar inicio a una nueva investigación. 

 

Artículo 296. Ampliación de la intervención a otros sujetos 

Cuando de la intervención de comunicaciones privadas se advierta la necesidad de ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público competente presentará al propio Juez de control la 
solicitud respectiva. 

 

Artículo 297. Registro de las intervenciones 

Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la 
fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la Policía o por el perito que intervenga, a efecto de 
que aquélla pueda ser ofrecida como medio de prueba en los términos que señala este Código. 

 

Artículo 298. Registro 

El registro a que se refiere el artículo anterior contendrá las fechas de inicio y término de la 
intervención, un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción 
de sonidos o imágenes captadas durante la misma, cuando no se ponga en riesgo a la investigación o a 
la persona, la identificación de quienes hayan participado en los actos de investigación, así como los 


demás datos que se consideren relevantes para la investigación. El registro original y el duplicado, así 
como los documentos que los integran, se numerarán progresivamente y contendrán los datos 
necesarios para su identificación. 

 

Artículo 299. Conclusión de la intervención 

Al concluir la intervención, la Policía o el perito, de manera inmediata, informará al Ministerio Público 
sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. A su vez, con la misma 
prontitud el Ministerio Público que haya solicitado la intervención o su prórroga lo informará al Juez de 
control. 

 

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas 
ordenados, carecerán de valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que 
haya lugar. 

 

Artículo 300. Destrucción de los registros 

El Órgano jurisdiccional ordenará la destrucción de aquellos registros de intervención de 
comunicaciones privadas que no se relacionen con los delitos investigados o con otros delitos que hayan 
ameritado la apertura de una investigación diversa, salvo que la defensa solicite que sean preservados 
por considerarlos útiles para su labor. 

 

Asimismo, ordenará la destrucción de los registros de intervenciones no autorizadas o cuando éstos 
rebasen los términos de la autorización judicial respectiva. 

 

Los registros serán destruidos cuando se decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la 
absolución del imputado. Cuando el Ministerio Público decida archivar temporalmente la investigación, los 
registros podrán ser conservados hasta que el delito prescriba. 

 

Artículo 301. Colaboración con la autoridad 

Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de 
intervención, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos 
actos de investigación, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, deberán contar con la 
capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para 
operar una orden de intervención de comunicaciones privadas. 

 

El incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las disposiciones penales aplicables. 

 

Artículo 302. Deber de secrecía 

Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán observar el deber de 
secrecía sobre el contenido de las mismas. 

 

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos 
conservados 

Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega 
de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que 
se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el Procurador, o el servidor público en quien 
se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por 
cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria 
a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de 
investigación. Los datos conservados a que refiere este párrafo se destruirán en caso de que no 
constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. 

 


En la solicitud se expresarán los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos que se 
investigan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en 
tiempo real o la entrega de los datos conservados, su duración y, en su caso, la denominación de la 
empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través del cual se operan las 
líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida. 

 

La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público. 

 

Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden 
deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. 

 

En caso de que el Juez de control niegue la orden de localización geográfica en tiempo real o la 
entrega de los datos conservados, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar 
nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo 
no mayor de doce horas a partir de que se interponga. 

 

Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre 
en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, 
secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue 
la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en 
tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los 
autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, quienes deberán atenderla de 
inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el 
Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por cualquier medio que garantice su 
autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique parcial o totalmente de 
manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su 
actuación. 

 

Cuando el Juez de control no ratifique la medida a que hace referencia el párrafo anterior, la 
información obtenida no podrá ser incorporada al procedimiento penal. 

 

Asimismo el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá requerir a los 
sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación 
inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo 
de noventa días, lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud y entrega de los datos 
contenidos en redes, sistemas o equipos de informática se llevará a cabo de conformidad por lo previsto 
por este artículo. Lo anterior sin menoscabo de las obligaciones previstas en materia de conservación de 
información para las concesionarias y autorizados de telecomunicaciones en términos del artículo 190, 
fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

CAPÍTULO III 

PRUEBA ANTICIPADA 

 

Artículo 304. Prueba anticipada 

Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier 
medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: 

 

I. Que sea practicada ante el Juez de control; 

 

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las 
cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende 


desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no 
podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere 
temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese 
declarar; 

 

III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio, y 

 

IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de 
pruebas en el juicio. 

 

Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada 

La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, 
querella o equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral. 

 

Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el Órgano jurisdiccional citará a 
audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de 
escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la 
audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la 
prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la 
audiencia de juicio oral. 

 

El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga en 
forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación, de la práctica de la 
diligencia. 

 

En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un Defensor público para que 
intervenga en la audiencia. 

 

Artículo 306. Registro y conservación de la prueba anticipada 

La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. 
Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. 

 

Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la 
audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. 

 

Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez de 
control. 

 

TÍTULO VI 

AUDIENCIA INICIAL 

 

Artículo 307. Audiencia inicial 

En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le 
hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si 
correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá 
sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de 
la investigación. 

 

En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida 
cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 


A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u 
ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de 
validez de la audiencia. 

 

Artículo 308. Control de legalidad de la detención 

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a 
disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la 
detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si 
cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber 
que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. 

 

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a 
calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de 
procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los 
términos previstos en este Código. 

 

Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de 
aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en 
tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de 
control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder 
Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga 
comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata 
liberación del detenido. 

 

La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en 
las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas 

La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en 
presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más 
hechos que la ley señala como delito. 

 

En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de 
legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la 
vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o 
su Defensor. 

 

En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida 
cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares 
sucederá previo a la suspensión de la audiencia. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las 
preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad. 

 

Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos 
sean anotados por separado y preservados en reserva. 

 


Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus 
derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se 
le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. 

 

Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u 
ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, 
pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. 

 

En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios 
de prueba. 

 

Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad 

El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la 
intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. 

 

Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se 
encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que 
tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

 

Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente 
del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el 
Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los 
términos del presente Código. 

 

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación 

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su 
comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la 
detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos 
fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se 
ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le 
atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención 
que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez 
de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la 
ley. 

 

El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o 
precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. 

 

Artículo 312. Oportunidad para declarar 

Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo 
contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el 
imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este 
Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando 
que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. 

 

Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso 

Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el 
agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, 
en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio 
Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede 
resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. 

 


El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso 
en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En 
caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el 
Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la 
misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale 
como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control 
otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la 
réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. 

 

Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo 
de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la 
celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. 

 

La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y 
dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o 
que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se 
encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida 
cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo 
constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención 
sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. 

 

Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación 

El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos 
de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. 

 

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control 
podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio 
de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial 

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba 
aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y 
justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se 
seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de 
juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio 
Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la 
vinculación o no del imputado a proceso. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder 
de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. 

 

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso 

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del 
imputado a proceso, siempre que: 

 


I. Se haya formulado la imputación; 

 

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; 

 

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan 
datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y 
que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se 
entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y 

 

IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. 

 

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la 
imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el 
Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. 

 

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo 
distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después 
pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 

 

Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso 

El auto de vinculación a proceso deberá contener: 

 

I. Los datos personales del imputado; 

 

II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados 
en el artículo anterior, y 

 

III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 

 

Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso 

El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se 
continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a 
juicio o el sobreseimiento. 

 

Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso 

En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control 
dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del 
imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que 
se hubiesen decretado. 

 

El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y 
posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. 

 

Artículo 320. Valor de las actuaciones 

Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su 
caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de 
vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, 
salvo las excepciones expresas previstas por este Código. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria 


El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa propuesta de las partes el 
plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

 

El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el 
Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 
no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá 
agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la 
investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el 
imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose 
los límites máximos que establece el presente artículo. 

 

En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la 
víctima u ofendido o al imputado para que, en su caso, manifiesten lo conducente. 

 

Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria 

De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación 
complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, 
fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, 
sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. 

 

Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación 

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar 
justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 
321. 

 

Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su 
prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que 
proceda a tal cierre. 

 

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el 
Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez. 

 

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria 

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días 
siguientes deberá: 

 

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; 

 

II. Solicitar la suspensión del proceso, o 

 

III. Formular acusación. 

 

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo 

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de 
control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado 
esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. 

 

Artículo 326. Peticiones diversas a la acusación 

Cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el Juez de 
control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime 
indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes. 


 

Artículo 327. Sobreseimiento 

El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el 
sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y 
citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La 
incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional 
se pronuncie al respecto. 

 

El sobreseimiento procederá cuando: 

 

I. El hecho no se cometió; 

 

II. El hecho cometido no constituye delito; 

 

III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; 

 

IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; 

 

V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos 
suficientes para fundar una acusación; 

 

VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; 

 

VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; 

 

VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado 
sentencia firme respecto del imputado; 

 

IX. Muerte del imputado, o 

 

X. En los demás casos en que lo disponga la ley. 

 

Artículo 328. Efectos del sobreseimiento 

El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación 
con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace 
cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. 

 

Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial 

El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial 
cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la 
investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. 

 

Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos 
imputados a los que no se extendiere aquél. 

 

Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento 

El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de 
las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado 
conforme a lo previsto en este Código. 

 

Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, 
el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por 
las partes y el mérito de la causa. 


 

Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de 
sobreseimiento. 

 

De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del 
derecho de las partes a recurrir. 

 

Artículo 331. Suspensión del proceso 

El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: 

 

I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; 

 

II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que 
sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; 

 

III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o 

 

IV. En los demás casos que la ley señale. 

 

Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión 

A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de 
control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión. 

 

Artículo 333. Reapertura de la investigación 

Hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de 
investigación específicas que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de 
vinculación a proceso y que éste hubiere rechazado. 

 

Si el Juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la 
investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, 
el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. 

 

No procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieren 
ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni 
tampoco las que fueren impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni 
todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. 

 

Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada, o aún 
antes de ello si se hubieren cumplido las actuaciones que la motivaron, y se procederá de conformidad 
con lo dispuesto en este Código. 

 

TÍTULO VII 

ETAPA INTERMEDIA 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

 

Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia 

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la 
depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. 

 


Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito 
de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de 
la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y 
culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. 

 

Artículo 335. Contenido de la acusación 

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la 
investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. 

 

La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: 

 

I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; 

 

II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; 

 

III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, 
tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; 

 

IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; 

 

V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; 

 

VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; 

 

VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada 
que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; 

 

VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; 

 

IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la 
correspondiente al concurso de delitos; 

 

X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de 
la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de 
la misma; 

 

XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; 

 

XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y 

 

XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta 
proceda. 

 

La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a 
proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las 
partes. 

 

Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la 
declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, 
domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. 

 

Artículo 336. Notificación de la Acusación 


Una vez presentada la acusación, el Juez de control ordenará su notificación a las partes al día 
siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 337. Descubrimiento probatorio 

El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en 
el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del 
Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la 
investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que 
no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste 
en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las 
evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos 
de este Código. 

 

El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos 
establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del 
imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las 
excepciones previstas en este Código. 

 

La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor, deberán descubrir los medios de 
prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 
340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los 
medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá 
entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las 
partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más 
tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. 

 

En caso que el acusado o su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su 
caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma 
audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación 

Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio 
Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito: 

 

I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso; 

 

II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; 

 

III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del 
Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

IV. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. 

 

Artículo 339. Reglas generales de la coadyuvancia 

Si la víctima u ofendido se constituyera en coadyuvante del Ministerio Público, le serán aplicables en 
lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquél. El Juez de control deberá correr 
traslado de dicha solicitud a las partes. 

 


La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima u ofendido no alterará las facultades 
concedidas por este Código y demás legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo eximirá de sus 
responsabilidades. 

 

Si se trata de varias víctimas u ofendidos podrán nombrar un representante común, siempre que no 
exista conflicto de intereses. 

 

Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia 

Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la 
víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán: 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del 
coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su 
Defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; 

Fracción adicionada DOF 17-06-2016 

 

III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y 

Fracción reformada y recorrida DOF 17-06-2016 

 

IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. 

Fracción reformada y recorrida DOF 17-06-2016 

 

El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su presentación. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

Reforma DOF 17-06-2016: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

 

Artículo 341. Citación a la audiencia 

El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, 
señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo 
que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la 
acusación. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a 
solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal 
efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. 

 

Artículo 342. Inmediación en la audiencia intermedia 

La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se 
desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio 
Público, y el Defensor durante la audiencia. 

 

La víctima u ofendido o su Asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el 
acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera 
constituido como coadyuvante del Ministerio Público. 

 

Artículo 343. Unión y separación de acusación 

Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control considere 
conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de 


defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un 
mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. 

 

El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o 
diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una 
sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la 
audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de 
provocar decisiones contradictorias. 

 

Artículo 344. Desarrollo de la audiencia 

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, 
seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; 
acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. 
Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este 
Código. 

 

Desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, 
el Juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en 
caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. 

 

Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la 
defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos 
conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. 

 

Artículo 345. Acuerdos probatorios 

Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin 
oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos 
o sus circunstancias. 

 

Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es fundada y motivada la 
oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. 

 

El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir 
antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. 

 

En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán 
por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. 

 

Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate 

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de 
control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos 
medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles 
para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes 
supuestos: 

 

I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: 

 

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o 
documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; 

 

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o 

 

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; 


 

II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; 

 

III. Por haber sido declaradas nulas, o 

 

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su 
desahogo. 

 

En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte 
que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar 
los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. 

 

Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo 
psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o 
posterior de la víctima. 

 

La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. 

 

Artículo 347. Auto de apertura a juicio 

Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá 
indicar: 

 

I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; 

Fracción reformada DOF 17-06-2016 

 

II. La individualización de los acusados; 

 

III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren 
realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; 

 

IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; 

 

V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así 
como la prueba anticipada; 

 

VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de 
individualización de las sanciones y de reparación del daño; 

 

VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este 
Código; 

 

VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y 

 

IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. 

 

El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco 
días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. 

 

TÍTULO VIII 

ETAPA DE JUICIO 

 

CAPÍTULO I 


DISPOSICIONES PREVIAS 

 

Artículo 348. Juicio 

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base 
de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, 
publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. 

 

Artículo 349. Fecha, lugar, integración y citaciones 

El Tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la 
fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni 
después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará 
oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con 
siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 350. Prohibición de intervención 

Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio 
no podrán fungir como Tribunal de enjuiciamiento. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS 

 

Artículo 351. Suspensión 

La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días 
naturales cuando: 

 

I. Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma 
inmediata; 

 

II. Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la 
noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no 
sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones; 

 

III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea 
imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso 
coactivamente por medio de la fuerza pública; 

 

IV. El o los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se 
enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate; 

 

V. El Defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado 
inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad 
permanente, o 

 

VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo 
para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para 
lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación 
para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá 
brevemente los actos cumplidos con anterioridad. 

 


El Tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que 
continuará el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y 
los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

Artículo 352. Interrupción 

Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada 
la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal de enjuiciamiento 
distinto y lo actuado será nulo. 

 

Artículo 353. Motivación 

Las decisiones del Tribunal de enjuiciamiento, así como las de su Presidente serán verbales, con 
expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, 
quedando todos notificados por su emisión. 

 

CAPÍTULO III 

DIRECCIÓN Y DISCIPLINA 

 

Artículo 354. Dirección del debate de juicio 

El juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las 
advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá 
intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la 
persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante 
el desahogo de la prueba. 

 

Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del 
Presidente, lo resolverá el Tribunal. 

 

Artículo 355. Disciplina en la audiencia 

El juzgador que preside la audiencia de juicio velará por que se respete la disciplina en la audiencia 
cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al Tribunal de enjuiciamiento o a los 
asistentes, el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, 
para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas: 

 

I. Apercibimiento; 

 

II. Multa de veinte a cinco mil salarios mínimos; 

 

III. Expulsión de la sala de audiencia; 

 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas, o 

 

V. Desalojo público de la sala de audiencia. 

 

Si el infractor fuere el Ministerio Público, el acusado, su Defensor, la víctima u ofendido, y fuere 
necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su 
ausencia. 

 

En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera reestablecer el orden, quien preside 
la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar 
con su curso normal. 

 


El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por treinta y seis horas ante la 
contumacia de las obligaciones procesales de las personas que intervienen en un proceso penal que 
atenten contra el principio de continuidad, derivado de sus incomparecencias injustificadas a audiencia o 
aquellos actos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 

 

Artículo 356. Libertad probatoria 

Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, 
podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este 
Código. 

 

Artículo 357. Legalidad de la prueba 

La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos 
fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código. 

 

Artículo 358. Oportunidad para la recepción de la prueba 

La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de 
debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código. 

 

Artículo 359. Valoración de la prueba 

El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en 
la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan 
desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión 
del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo 
se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda 
razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

SECCIÓN I 

Prueba testimonial 

 

Artículo 360. Deber de testificar 

Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad 
de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier 
otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. 

 

El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar 
responsabilidad penal. 

 

Artículo 361. Facultad de abstención 

Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, 
conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante 
por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta 
ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo 
grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. 

 

Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero 
si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. 

 

Artículo 362. Deber de guardar secreto 


Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber 
de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, 
tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible 
de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio 
cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. 

 

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de 
guardar secreto y de abstenerse de declarar. 

 

Artículo 363. Citación de testigos 

Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia, podrán ser citados por 
cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo 
podrá presentarse a declarar sin previa cita. 

 

Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos 
para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. 

 

Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen 
adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá 
además los gastos que se generen. 

 

Artículo 364. Comparecencia obligatoria de testigos 

Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se 
ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de 
agotar ningún otro medio de apremio. 

 

Las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al Tribunal para garantizar la 
comparecencia obligatoria de los testigos. El Órgano jurisdiccional podrá emplear contra las autoridades 
los medios de apremio que establece este Código en caso de incumplimiento o retardo a sus 
determinaciones. 

 

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia 

No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán 
declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes: 

 

I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la República; los Secretarios de 
Estado de la Federación; el Procurador General de la República; los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Consejeros del 
Instituto Federal Electoral; 

 

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los Secretarios de Estado; el 
Procurador General de Justicia o su equivalente; los Diputados de los Congresos locales e 
integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral 
estatal; 

 

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los 
Tratados sobre la materia, y 

 

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén 
imposibilitados de hacerlo. 


 

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, 
deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código. 

 

Artículo 366. Testimonios especiales 

Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad víctimas del delito y se tema por su afectación 
psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el Órgano 
jurisdiccional a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos 
especializados. Para ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar 
la confrontación con el imputado. 

 

Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial, por estar físicamente impedidas, serán 
examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistemas de 
reproducción a distancia. 

 

Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a 
la defensa. 

 

Artículo 367. Protección a los testigos 

El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a 
proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas 
cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

 

De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren 
procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de 
prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el 
procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

 

SECCIÓN II 

Prueba pericial 

 

Artículo 368. Prueba pericial 

Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o 
circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos 
especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. 

 

Artículo 369. Título oficial 

Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no 
tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio 
sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una 
persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a 
la actividad sobre la que verse la pericia. 

 

No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que 
conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee 
en una ciencia, arte, técnica u oficio. 

 

Artículo 370. Medidas de protección 

En caso necesario, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos 
probatorios, podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendentes a que se les 
brinde la protección prevista para los testigos, en los términos de la legislación aplicable. 

 


SECCIÓN III 

Disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio 

 

Artículo 371. Declarantes en la audiencia de juicio 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que 
ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, 
advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en el orden 
establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en 
juicio como testigo. 

 

El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de 
conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de 
declaraciones. 

 

Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración 
personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o 
de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por 
las partes. 

 

Artículo 372. Desarrollo de interrogatorio 

Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio 
concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con 
posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden 
asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al 
acusado. 

 

Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que les formulen el 
Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de la víctima, en su caso. El Órgano jurisdiccional 
deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, 
resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la 
audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo 
manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este Código. 

 

A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos 
que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le podrán 
formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el 
perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. 

 

Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. 
En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la 
materia de las preguntas. 

 

Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio 

Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún 
caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o 
argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. 

 

Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en 
contrainterrogatorio. 

Reforma DOF 17-06-2016: Derogó del artículo el entonces párrafo tercero 

 

Artículo 374. Objeciones 


La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El Juez analizará 
la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano. 
Contra esta determinación no se admite recurso alguno. 

 

Artículo 375. Testigo hostil 

El Tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando 
advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. 

 

Artículo 376. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en 
audiencia 

Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte 
de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro 
de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera 
necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones, o 
solicitar las aclaraciones pertinentes. 

 

Con el mismo propósito se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él 
hubiere elaborado. 

 

SECCIÓN IV 

Declaración del acusado 

 

Artículo 377. Declaración del acusado en juicio 

El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el 
juzgador que preside la audiencia le permitirá que lo haga libremente o conteste las preguntas de las 
partes. En este caso se podrán utilizar las declaraciones previas rendidas por el acusado, para apoyo de 
memoria, evidenciar o superar contradicciones. El Órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas 
destinadas a aclarar su dicho. 

 

El acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre 
que preserve la disciplina en la audiencia. 

 

En la declaración del acusado se seguirán, en lo conducente, las mismas reglas para el desarrollo del 
interrogatorio. El imputado deberá declarar con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de 
seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. 

 

Artículo 378. Ausencia del acusado en juicio 

Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser 
incorporada a éste como prueba, ni se podrán utilizar en el juicio bajo ningún concepto. 

 

Artículo 379. Derechos del acusado en juicio 

En el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra para efectuar todas las 
declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que 
se refieran al objeto del debate. 

 

El juzgador que presida la audiencia de juicio impedirá cualquier divagación y si el acusado persistiera 
en ese comportamiento, podrá ordenar que sea alejado de la audiencia. El acusado podrá, durante el 
transcurso del debate, hablar libremente con su Defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; sin 
embargo, no lo podrá hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean 
formuladas y tampoco podrá admitir sugerencia alguna. 

 

SECCIÓN V 


Prueba documental y material 

 

Artículo 380. Concepto de documento 

Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. 
Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. El Órgano 
jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o 
informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir 
parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. 

 

Artículo 381. Reproducción en medios tecnológicos 

En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y el Órgano jurisdiccional no cuente con los medios 
necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Cuando la 
parte oferente, previo apercibimiento no provea del medio idóneo para su reproducción, no se podrá 
llevar a cabo el desahogo de la misma. 

 

Artículo 382. Prevalencia de mejor documento 

Cualquier documento que garantice mejorar la fidelidad en la reproducción de los contenidos de las 
pruebas deberá prevalecer sobre cualquiera otro. 

 

Artículo 383. Incorporación de prueba 

Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa su incorporación a juicio, deberán 
ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o informen 
sobre ellos. 

 

Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido 
previamente acreditada. 

 

Artículo 384. Prohibición de incorporación de antecedentes procesales 

No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún 
antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o 
revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un 
procedimiento abreviado. 

 

Artículo 385. Prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y 
documentos 

No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los 
registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la Policía o el Ministerio 
Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este Código. 

 

No se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta 
de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. 

 

Artículo 386. Excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores 

Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores 
declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos: 

 

I. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o 
haya perdido la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible 
solicitar su desahogo anticipado, o 

 

II. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado. 

 


Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada. 

 

Artículo 387. Incorporación de prueba material o documental previamente admitida 

De conformidad con el artículo anterior, sólo se podrán incorporar la prueba material y la documental 
previamente admitidas, salvo las excepciones previstas en este Código. 

 

SECCIÓN VI 

Otras pruebas 

 

Artículo 388. Otras pruebas 

Además de las previstas en este Código, podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los 
derechos fundamentales. 

 

Artículo 389. Constitución del Tribunal en lugar distinto 

Cuando así se hubiere solicitado por las partes para la adecuada apreciación de determinadas 
circunstancias relevantes del caso, el Tribunal de enjuiciamiento podrá constituirse en un lugar distinto a 
la sala de audiencias. 

 

Artículo 390. Medios de prueba nueva y de refutación 

El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre 
hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre 
que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. 

 

Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada 
exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y 
desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre 
que no hubiere sido posible prever su necesidad. 

 

El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el Tribunal de 
enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de 
prueba supervenientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, 
según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba, encaminados a 
controvertirlos. 

 

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO 

 

Artículo 391. Apertura de la audiencia de juicio 

En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la 
audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, 
peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban 
exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el 
significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella. 

 

Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido 
debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el 
debate podrá iniciarse. 

 

El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del 
juicio contenidas en el auto de su apertura y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes. 

 

Artículo 392. Incidentes en la audiencia de juicio 


Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán 
inmediatamente por el Tribunal de enjuiciamiento, salvo que por su naturaleza sea necesario suspender 
la audiencia. 

 

Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno. 

 

Artículo 393. División del debate único 

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el 
Tribunal de enjuiciamiento podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo 
separadamente, pero en forma continua. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento podrá disponer la división de un debate en ese momento y de la misma 
manera, cuando resulte conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor 
defensa de los acusados. 

 

Artículo 394. Alegatos de apertura 

Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al 
Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria 
de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra al Asesor jurídico de 
la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al 
Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. 

 

Artículo 395. Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio 

Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir 
primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido 
del delito y finalmente los de la defensa. 

 

Artículo 396. Oralidad en la audiencia de juicio 

La audiencia de juicio será oral en todo momento. 

 

Artículo 397. Decisiones en la audiencia 

Las determinaciones del Tribunal de enjuiciamiento serán emitidas oralmente. En las audiencias se 
presume la actuación legal de las partes y del Órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar 
los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de 
las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista 
duda sobre ello. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos en que se fundamentan. 

 

Artículo 398. Reclasificación jurídica 

Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una 
reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que 
preside la audiencia dará al imputado y a su Defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les 
informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su 
intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por 
un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por 
este Código. 

 

Artículo 399. Alegatos de clausura y cierre del debate 

Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará 
sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al 
Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y 
al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el 
Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u 


ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará 
cerrado el debate. 

 

CAPÍTULO VI 

DELIBERACIÓN, FALLO Y SENTENCIA 

 

Artículo 400. Deliberación 

Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso 
para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación 
no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o 
miembro del Tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de diez 
días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al Juez o integrantes del Tribunal y realizar el 
juicio nuevamente. 

 

Artículo 401. Emisión de fallo 

Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala 
de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el 
propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. 

 

El fallo deberá señalar: 

 

I. La decisión de absolución o de condena; 

 

II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y 

 

III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. 

 

En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se 
celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días. 

 

En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta 
por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. 

 

Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma 
inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado 
y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que 
figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de 
trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y 
reparación del daño que se hayan otorgado. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de 
que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se 
dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. 

 

Artículo 402. Convicción del Tribunal de enjuiciamiento 

El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del 
debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de 
prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este Código. 

 

En la sentencia, el Tribunal de enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la 
prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que 


hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento 
utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. 

 

Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de 
toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el 
juicio. La duda siempre favorece al acusado. 

 

No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su propia declaración. 

 

Artículo 403. Requisitos de la sentencia 

La sentencia contendrá: 

 

I. La mención del Tribunal de enjuiciamiento y el nombre del Juez o los Jueces que lo integran; 

 

II. La fecha en que se dicta; 

 

III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido; 

 

IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la 
acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las 
defensas del imputado; 

 

V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba; 

 

VI. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el 
Tribunal de enjuiciamiento; 

 

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución; 

 

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 
circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten 
dichas conclusiones; 

 

IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento 
se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones 
correspondientes, y 

 

X. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento. 

 

Artículo 404. Redacción de la sentencia 

Si el Órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta, la sentencia será redactada por 
uno de sus integrantes. Los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar 
separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de acuerdo. El voto disidente será 
redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. 

 

La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación 
escrita. 

 

Artículo 405. Sentencia absolutoria 

En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del 
levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y 
será ejecutable inmediatamente. 

 


En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, 
para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o 
inculpabilidad, bajo los rubros siguientes: 

 

I. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los 
elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico 
disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no 
admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa 
previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible; 

 

II. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de 
necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o 

 

III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad 
disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta. 

 

De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de 
prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando 
subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e 
imputabilidad disminuida. 

 

Artículo 406. Sentencia condenatoria 

La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará 
sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la 
privación o restricción de libertad previstas en la ley. 

 

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el 
día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá 
servir de base para su cumplimiento. 

 

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o 
su restitución, cuando fuere procedente. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño. 

 

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o 
de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a 
reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, 
siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. 

 

El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la 
culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la 
culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate. 

 

Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán 
plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, 
el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la 
conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. 

 

La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo 
penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así 
como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de 
alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. 


 

En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por 
ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las 
agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso. 

 

Artículo 407. Congruencia de la sentencia 

La sentencia de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio. 

 

Artículo 408. Medios de prueba en la individualización de sanciones y reparación del daño 

El desahogo de los medios de prueba para la individualización de sanciones y reparación del daño 
procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado. 

 

El debate comenzará con el desahogo de los medios de prueba que se hubieren admitido en la etapa 
intermedia. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral. 

 

Artículo 409. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño 

Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el Tribunal de 
enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en 
su caso, sus alegatos de apertura. Acto seguido, les solicitará a las partes que determinen el orden en 
que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. Éste iniciará con el 
desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes. 

 

Cerrado el debate, el Tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestarse 
con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u 
ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las 
medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su 
caso, repararse el daño. Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, el Tribunal redactará la 
sentencia. 

 

La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será impedimento para la 
celebración de la audiencia. 

 

Artículo 410. Criterios para la individualización de la sanción penal o medida de seguridad 

El Tribunal de enjuiciamiento al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables deberá 
tomar en consideración lo siguiente: 

 

Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de 
enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y 
antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. Las medidas de seguridad no accesorias 
a la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas 
tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. 

 

La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará determinada por el valor del bien jurídico, su 
grado de afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como por la forma de intervención del 
sentenciado. 

 

El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el sentenciado haya 
tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de 
distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada. Si en un mismo hecho intervinieron varias 
personas, cada una de ellas será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. 

 


Para determinar el grado de culpabilidad también se tomarán en cuenta los motivos que impulsaron la 
conducta del sentenciado, las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba 
en el momento de la comisión del hecho, la edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones 
sociales y culturales, así como los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u 
ofendido. Igualmente se tomarán en cuenta las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima 
u ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. 

 

Se podrán tomar en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines 
señalados en el presente artículo. 

 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en cuenta, 
además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres. 

 

En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con 
las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos 
señalados en la ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones 
correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la 
mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las 
sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán 
imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. No habrá concurso cuando 
las conductas constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción 
penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido. 

 

El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias 
subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. Sí 
serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que los demás sujetos 
tengan conocimiento de ellas. 

 

Artículo 411. Emisión y exposición de las sentencias 

El Tribunal de enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena. 

 

Artículo 412. Sentencia firme 

En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán 
ejecutables sin necesidad de declaración alguna. 

 

Artículo 413. Remisión de la sentencia 

El Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a aquél en que la sentencia 
condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al Juez que le corresponda la 
ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de 
ejecución para su debido cumplimiento. 

 

Dicha disposición también será aplicable en los casos de las sentencias condenatorias dictadas en el 
procedimiento abreviado. 

 

TÍTULO IX 

PERSONAS INIMPUTABLES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS INIMPUTABLES 

 

Artículo 414. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial 


Si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los 
supuestos de inimputabilidad previstos en la Parte General del Código Penal aplicable, cualquiera de las 
partes podrá solicitar al Juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si 
efectivamente es inimputable y en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria y, en su 
caso, si ésta fue provocada por el imputado. La audiencia continuará con las mismas reglas generales 
pero se proveerán los ajustes razonables que determine el Juez de control para garantizar el acceso a la 
justicia de la persona. 

 

En los casos en que la persona se encuentre retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes 
razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. Para tales 
efectos, estará en posibilidad de solicitar la práctica de aquellos peritajes que permitan determinar el tipo 
de inimputabilidad que tuviere, así como si ésta es permanente o transitoria y, si es posible definir si fue 
provocada por el propio retenido. 

 

Artículo 415. Identificación de los supuestos de inimputabilidad 

Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, 
las partes podrán solicitar al Juez de control que se lleven a cabo los peritajes necesarios para 
determinar si se acredita tal extremo, así como si la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o 
no por la persona. 

 

Artículo 416. Ajustes al procedimiento 

Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará 
observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento que en el caso 
concreto acuerde el Juez de control, escuchando al Ministerio Público y al Defensor, con el objeto de 
acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la 
aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. 

 

En caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los 
ajustes respectivos. 

 

Artículo 417. Medidas cautelares aplicables a inimputables 

Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del 
proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez de control para el caso en que 
resulte procedente. 

 

El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. 

 

Artículo 418. Prohibición de procedimiento abreviado 

El procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables. 

 

Artículo 419. Resolución del caso 

Comprobada la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable intervino en su 
comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación 
prevista en los códigos sustantivos, el Tribunal de enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay 
base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable; asimismo, le 
corresponderá al Órgano jurisdiccional determinar la individualización de la medida, en atención a las 
necesidades de prevención especial positiva, respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima 
intervención. Si no se acreditan estos requisitos, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al inimputable. 

 

La medida de seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que le pudiera 
corresponder en caso de que sea imputable. 

 

TÍTULO X 


PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

CAPÍTULO I 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas 

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o 
bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus 
familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de 
la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la 
dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de 
violencia hacia la mujer. 

 

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el 
Juez competente. 

 

Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la 
legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su 
cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado 
que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia 
de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de 
derecho. 

 

El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción 
de las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las 
personas físicas involucradas en el delito cometido. 

 

No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, 
absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la pena podrá graduarse atendiendo a la relación 
que se guarde con la persona jurídica originariamente responsable del delito. 

 

La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución 
aparente, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, 
proveedores, empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. 

 

Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal, que pudieran concurrir en alguna 
de las personas físicas involucradas, no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas, salvo en 
los casos en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en los mismos 
hechos y estos no hayan sido considerados como aquellos que la ley señala como delito, por una 
resolución judicial previa. Tampoco podrá afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física 
involucrada se sustraiga de la acción de la justicia. 

 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos 
previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 


 

Artículo 422. Consecuencias jurídicas 

A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las 
siguientes sanciones: 

 

I. Sanción pecuniaria o multa; 

 

II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; 

 

III. Publicación de la sentencia; 

 

IV. Disolución, o 

 

V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios 
establecidos en el presente artículo. 

 

Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano jurisdiccional deberá 
tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de este ordenamiento y el grado de culpabilidad 
correspondiente de conformidad con los aspectos siguientes: 

 

a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de 
conducirse conforme a la norma; 

 

b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso; 

 

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral; 

 

d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las personas físicas 
involucradas en la comisión del delito; 

 

e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y 

 

f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños que 
pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena. 

 

Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional deberá ponderar 
además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar 
la seguridad pública o nacional, evitar que se ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o 
que con ella se haga cesar la comisión de delitos. 

 

Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o participado en la 
comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles una o varias de las siguientes 
consecuencias jurídicas: 

 

I. Suspensión de sus actividades; 

 

II. Clausura de sus locales o establecimientos; 

 

III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o 
participado en su comisión; 

 

IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera 
directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público; 


 

V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o 

 

VI. Amonestación pública. 

 

En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias jurídicas establecidas 
en este apartado, conforme a lo dispuesto en el presente artículo y a lo previsto en el artículo 410 de este 
Código. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 423. Formulación de la imputación y vinculación a proceso 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se 
encuentre involucrada alguna persona jurídica, en los términos previstos en este Código, iniciará la 
investigación correspondiente. 

 

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes el Ministerio Público, 
dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo 
que a su derecho convenga. 

 

Para los efectos de este Capítulo, el Órgano jurisdiccional podrá dictar como medidas cautelares la 
suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la 
intervención judicial. 

 

En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se darán a conocer, 
en su caso, al representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor, los cargos que se formulen 
en contra de su representado, para que dicho representante o su Defensor manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 

 

El representante de la persona jurídica, asistido por el Defensor designado, podrá participar en todos 
los actos del procedimiento. En tal virtud se les notificarán todos los actos que tengan derecho a conocer, 
se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover 
incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la 
persona jurídica perjudiquen. 

 

En ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá 
representarla. 

 

En su caso el Órgano jurisdiccional podrá vincular a proceso a la persona jurídica. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 424. Formas de terminación anticipada 

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que se 
refiere este Capítulo, se podrán aplicar las soluciones alternas y las formas anticipadas de terminación 
del proceso y, en lo conducente los procedimientos especiales previstos en este Código. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

Artículo 425. Sentencias 

En la sentencia que se dicte el Órgano jurisdiccional resolverá lo pertinente a la persona física 
imputada, con independencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica, imponiendo la sanción 
procedente. 

Párrafo reformado DOF 17-06-2016 

 


En lo no previsto por este Capítulo, se aplicarán en lo que sea compatible, las reglas del 
procedimiento ordinario previstas en este Código. 

 

CAPÍTULO III 

ACCIÓN PENAL POR PARTICULAR 

 

Artículo 426. Acción penal por particulares 

El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los 
particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este 
Código. 

 

Artículo 427. Acumulación de causas 

Sólo procederá la acumulación de procedimientos de acción penal por particulares con 
procedimientos de acción penal pública cuando se trate de los mismos hechos y exista identidad de 
partes. 

 

Artículo 428. Supuestos y condiciones en los que procede la acción penal por particulares 

La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por 
querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no 
exceda de tres años de prisión. 

 

La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción penal por 
particulares en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la 
ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En 
tal caso deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al 
Ministerio Público. 

 

Cuando en razón de la investigación del delito sea necesaria la realización de actos de molestia que 
requieran control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Juez de control. Cuando el acto de 
molestia no requiera control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Ministerio Público para 
que éste los realice. En ambos supuestos, el Ministerio Público continuará con la investigación y, en su 
caso, decidirá sobre el ejercicio de la acción penal. 

 

Artículo 429. Requisitos formales y materiales 

El ejercicio de la acción penal por particular hará las veces de presentación de la querella y deberá 
sustentarse en audiencia ante el Juez de control con los requisitos siguientes: 

 

I. El nombre y el domicilio de la víctima u ofendido; 

 

II. Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica, se indicará su razón social y su domicilio, 
así como el de su representante legal; 

 

III. El nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización; 

 

IV. El señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba que los 
establezcan y determinen la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su 
comisión, los que acrediten los daños causados y su monto aproximado, así como aquellos que 
establezcan la calidad de víctima u ofendido; 

 

V. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción, y 

 

VI. La petición que se formula, expresada con claridad y precisión. 


 

Artículo 430. Contenido de la petición 

El particular al ejercer la acción penal ante el Juez de control podrá solicitar lo siguiente: 

 

I. La orden de comparecencia en contra del imputado o su citación a la audiencia inicial, y 

 

II. El reclamo de la reparación del daño. 

 

Artículo 431. Admisión 

En la audiencia, el Juez de control constatará que se cumplen los requisitos formales y materiales 
para el ejercicio de la acción penal particular. 

 

De no cumplirse con alguno de los requisitos formales exigidos, el Juez de control prevendrá al 
particular para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible, dentro de los tres días 
siguientes. De no subsanarse o de ser improcedente su pretensión, se tendrá por no interpuesta la acción 
penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos. 

 

Admitida la acción penal promovida por el particular, el Juez de control ordenará la citación del 
imputado a la audiencia inicial, apercibido que en caso de no asistir se ordenará su comparecencia o 
aprehensión, según proceda. 

 

El imputado deberá ser citado a la audiencia inicial a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a aquella en la que se fije la fecha de celebración de la misma. 

 

La audiencia inicial deberá celebrarse dentro de los cinco a diez días siguientes a aquel en que se 
tenga admitida la acción penal, informándole al imputado en el momento de la citación el derecho que 
tiene de designar y asistir acompañado de un Defensor de su elección y que de no hacerlo se le 
nombrará un Defensor público. 

 

Artículo 432. Reglas generales 

Si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio 
Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. 

 

La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado 
corresponde al particular que ejerza la acción penal. Las partes, en igualdad procesal, podrán aportar 
todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente 
procedan. 

 

A la acusación de la víctima u ofendido, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación 
presentada por el Ministerio Público. 

 

De igual forma, salvo disposición legal en contrario, en la substanciación de la acción penal promovida 
por particulares, se observarán en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al 
procedimiento, previstas en este Código y los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

 

TÍTULO XI 

ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 433. Disposiciones generales 


Los Estados Unidos Mexicanos prestarán a cualquier Estado extranjero que lo requiera o autoridad 
ministerial o judicial, tanto en el ámbito federal como del fuero común, la más amplia ayuda relacionada 
con la investigación, el procesamiento y la sanción de delitos que correspondan a la jurisdicción de éste. 

 

La ejecución de las solicitudes se realizará según la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, y la 
misma será desahogada a la mayor brevedad posible. Las autoridades que intervengan actuarán con la 
mayor diligencia con la finalidad de cumplir con lo solicitado en la asistencia jurídica. 

 

Artículo 434. Ámbito de aplicación 

La asistencia jurídica internacional tiene como finalidad brindar apoyo entre las autoridades 
competentes en relación con asuntos de naturaleza penal. 

 

De conformidad con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de 
asistencia jurídica, así como de los respectivos ordenamientos internos, se deberá prestar la mayor 
colaboración para la investigación y persecución de los delitos, y en cualquiera de las actuaciones 
comprendidas en el marco de procedimientos del orden penal que sean competencia de las autoridades 
de la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada. 

 

La asistencia jurídica sólo podrá ser invocada para la obtención de medios de prueba ordenados por 
la autoridad investigadora, o bien la judicial para mejor proveer, pero jamás para las ofrecidas por los 
imputados o sus defensas, aún cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades 
judiciales. 

 

Artículo 435. Trámite y resolución 

Los procedimientos establecidos en este Capítulo se deberán aplicar para el trámite y resolución de 
cualquier solicitud de asistencia jurídica que se reciba del extranjero, cuando no exista Tratado 
internacional. Si existiera Tratado entre el Estado requirente y los Estados Unidos Mexicanos, las 
disposiciones de éste, regirán el trámite y desahogo de la solicitud de asistencia jurídica. 

 

Todo aquello que no esté contemplado de manera específica en un Tratado de asistencia jurídica, se 
aplicará lo dispuesto en este Código. 

 

Artículo 436. Principios 

La asistencia jurídica internacional deberá regirse por los siguientes principios: 

 

I. Conexidad. Toda petición de asistencia para ser procedente necesariamente debe estar 
vinculada a una investigación o proceso en curso; 

 

II. Especificidad. Las solicitudes de asistencia jurídica internacional deben contener hechos 
concretos y requerimientos precisos; 

 

III. Identidad de Normas. Se prestará la asistencia con independencia de que el hecho que motiva 
la solicitud constituya o no delito según las leyes del Estado requerido. Se exceptúa de lo 
anterior el supuesto de que la asistencia se solicite para la ejecución de las medidas de 
aseguramiento o embargo, cateo o registro domiciliario o decomiso o incautación, en cuyo caso 
será necesario que el hecho que da lugar al procedimiento sea también considerado como 
delito por la legislación del Estado requerido, y 

 

IV. Reciprocidad. Consiste en la colaboración internacional entre Estados soberanos en los que 
priva la igualdad. 

 

Artículo 437. Autoridad Central 


La Autoridad Central en materia de asistencia jurídica internacional será la Procuraduría General de la 
República quien ejercerá las atribuciones establecidas en este Código. 

 

Cualquier solicitud de asistencia jurídica formulada con base en los instrumentos internacionales 
vigentes, de conformidad con el principio de reciprocidad internacional, podrá presentarse para su trámite 
y atención ante la Autoridad Central, o a través de la vía diplomática. 

 

Artículo 438. Reciprocidad 

En ausencia de convenio o Tratado internacional, los Estados Unidos Mexicanos prestarán ayuda bajo 
el principio de reciprocidad internacional, la cual estará subordinada a la existencia u ofrecimiento por 
parte del Estado o autoridad requirente a cooperar en casos similares. Dicho compromiso deberá 
asentarse por escrito en los términos que para tales efectos establezca la Autoridad Central. 

 

Artículo 439. Alcances 

La asistencia jurídica comprenderá: 

 

I. Notificación de documentos procesales; 

 

II. Obtención de pruebas; 

 

III. Intercambio de información e iniciación de procedimientos penales en la parte requerida; 

 

IV. Localización e identificación de personas y objetos; 

 

V. Recepción de declaraciones y testimonios, así como práctica de dictámenes periciales; 

 

VI. Ejecución de órdenes de cateo o registro domiciliario y demás medidas cautelares; 
aseguramiento de objetos, productos o instrumentos del delito; 

 

VII. Citación de imputados, testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante 
autoridad competente en la parte requirente; 

 

VIII. Citación y traslado temporal de personas privadas de libertad en la parte requerida, a fin de 
comparecer como testigos o víctimas ante la parte requirente, o para otras actuaciones 
procesales indicadas en la solicitud de asistencia; 

 

IX. Entrega de documentos, objetos y otros medios de prueba; 

 

X. Autorización de la presencia o participación, durante la ejecución de una solicitud de asistencia 
jurídica de representantes de las autoridades competentes del Estado o autoridad requirente, y 

 

XI. Cualquier otra forma de asistencia, siempre y cuando no esté prohibida por la legislación 
mexicana. 

 

Artículo 440. Denegación o aplazamiento 

La asistencia jurídica solicitada podrá ser denegada cuando: 

 

I. El cumplimiento de la solicitud pueda contravenir la seguridad y el orden público; 

 

II. El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la legislación nacional; 

 

III. La ejecución de la solicitud sea contraria a las obligaciones internacionales adquiridas por los 
Estados Unidos Mexicanos; 


 

IV. La solicitud se refiera a delitos del fuero militar; 

 

V. La solicitud se refiera a un delito que sea considerado de carácter político por el Gobierno 
mexicano; 

 

VI. La solicitud de asistencia jurídica se refiera a un delito sancionado con pena de muerte, a 
menos que la parte requirente otorgue garantías suficientes de que no se impondrá la pena de 
muerte o de que, si se impone, no será ejecutada; 

 

VII. La solicitud de asistencia jurídica se refiera a hechos con base en los cuales la persona sujeta a 
investigación o a proceso haya sido definitivamente absuelta o condenada por la parte 
requerida. 

 

Se podrá diferir el cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica cuando la Autoridad Central 
considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en 
curso. 

 

En caso de denegar o diferir la asistencia jurídica, la Autoridad Central lo informará a la parte 
requirente, expresando los motivos de tal decisión. 

 

Artículo 441. Solicitudes 

Toda solicitud de asistencia deberá formularse por escrito y en tratándose de casos urgentes la misma 
podrá ser enviada a la Autoridad Central por fax, correo electrónico o mediante cualquier otro medio de 
comunicación permitido, bajo el compromiso de remitir el documento original a la brevedad posible. 
Tratándose de solicitudes provenientes de autoridades extranjeras, la misma deberá estar acompañada 
de su respectiva traducción al idioma español. 

 

Artículo 442. Requisitos esenciales 

Se tienen como requisitos mínimos que toda petición de asistencia jurídica debe contener, los 
siguientes: 

 

I. La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 

 

II. El asunto y la naturaleza de la investigación, el procedimiento o diligencia; 

 

III. Una breve relatoría de los hechos; 

 

IV. El propósito para el que se requieren las pruebas; la información o la actuación; 

 

V. Los métodos de ejecución a seguirse; 

 

VI. De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada, y 

 

VII. La transcripción de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 443. Ejecución de las solicitudes de asistencia jurídica de autoridad extranjera 

La Autoridad Central analizará si la solicitud de asistencia jurídica cumple con los requisitos esenciales 
y si se encuentra apegada a los términos del convenio o Tratado internacional, si lo hubiere en su caso 
procederá al desahogo de la misma de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en 
la solicitud por la parte requirente, salvo cuando éstos sean incompatibles con la legislación interna. 

 


La Autoridad Central remitirá oportunamente la información o la actuación y, en su caso, las pruebas 
obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud a la parte requirente. 

 

Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad Central lo hará saber 
inmediatamente a la parte requirente e informará de las razones que impidan su ejecución. 

 

Artículo 444. Confidencialidad y limitaciones en el uso de la información 

La Autoridad Central, así como aquellas autoridades que tengan conocimiento o participen en la 
ejecución y desahogo de alguna solicitud de asistencia, están obligadas a mantener confidencialidad 
sobre el contenido de la misma y de los documentos que la sustenten. 

 

La obtención de información y pruebas suministradas en atención a una solicitud de asistencia jurídica 
internacional, sólo podrán ser utilizadas para el objetivo por el que fue solicitada y para la investigación o 
proceso judicial que se trate, salvo que se obtenga el consentimiento expreso y por escrito del Estado o 
la autoridad requirente para su uso con fines diversos. 

 

CAPÍTULO II 

FORMAS ESPECÍFICAS DE ASISTENCIA 

 

Artículo 445. Notificación de documentos procesales 

En aquellas asistencias que tengan como finalidad la notificación de documentos, se deberá 
especificar el nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se deba notificar. 

 

Cuando la notificación tenga por objeto hacer del conocimiento alguna diligencia o actuación con una 
fecha determinada, la misma deberá enviarse con una anticipación razonable respecto de la fecha de la 
diligencia. 

 

En todos los casos, la Autoridad Central, sin demora, procederá a realizar o tramitar la notificación de 
documentos procesales aportados por el Estado o la autoridad requirente, en la forma y términos 
solicitados. 

 

La autoridad que realice la notificación levantará un acta circunstanciada o bien una declaración 
fechada y firmada por el destinatario, en la que conste el hecho, la fecha y la forma de notificación. 

 

Artículo 446. Recepción de testimonios o declaraciones de personas 

La autoridad requirente deberá proporcionar el nombre completo de la persona a quien deberá 
recabarse su declaración o testimonio, el domicilio en donde se le puede ubicar, su fecha de nacimiento y 
un pliego de preguntas a contestar. 

 

Artículo 447. Suministro de documentos, registros o pruebas 

En la solicitud de asistencia, el Estado o la autoridad requirente deberá indicar la ubicación de los 
registros o documentos requeridos, y tratándose de instituciones financieras, el nombre y en la medida de 
lo posible el número de cuenta respectivo, este último requisito podrá variar de conformidad con el 
convenio o Tratado que aplique en su caso. 

 

Artículo 448. Localización e identificación de personas u objetos 

A petición de la parte requirente, la parte requerida adoptará todas las medidas contempladas en su 
legislación para la localización e identificación de personas y objetos indicados en la solicitud, y 
mantendrá informada a la requirente del avance y los resultados de sus investigaciones. 

 

Artículo 449. Cateo, inmovilización y aseguramiento de bienes 


En el caso de diligencias ordenadas por autoridades judiciales que tengan como finalidad la 
realización de un cateo o medidas tendentes a la inmovilización y aseguramiento de bienes, el Estado o 
autoridad requirente deberá proporcionar: 

 

I. La ubicación exacta de los bienes; 

 

II. Tratándose de instituciones financieras, el nombre y la dirección de la institución y el número de 
cuenta respectiva; 

 

III. La documentación en donde se acredite la relación entre las medidas solicitadas y los 
elementos de prueba con los que se cuente, y 

 

IV. Las razones y argumentos que se tienen para creer que los objetos, productos o instrumentos 
de un delito se encuentran en el territorio de la parte requerida. 

 

Artículo 450. Videoconferencia 

Se podrá solicitar la declaración de personas a través del sistema de videoconferencias. Para tal 
efecto, el procedimiento se efectuará de acuerdo con la legislación vigente, dichas declaraciones se 
recibirán en audiencia por el Órgano jurisdiccional y con las formalidades del desahogo de prueba. 

 

Artículo 451. Traslado de personas detenidas 

Cuando sea necesaria la presencia de una persona que está detenida en el territorio de la parte 
requerida, el Estado o la autoridad requirente deberá manifestar las causas suficientes que acrediten la 
necesidad del traslado a efecto de hacer del conocimiento, y en caso de que resulte procedente, obtener 
la autorización por parte de la autoridad ante la cual la persona detenida se encuentra a disposición. 

 

Igualmente, para los efectos de traslado es requisito indispensable contar con el consentimiento 
expreso de la persona detenida; en este caso, el Estado o la autoridad requirente se deberá comprometer 
a tener bajo su custodia a la persona y tramitar su retorno en cuanto la solicitud de asistencia haya 
culminado, por lo que deberá establecerse entre la autoridad requerida y la autoridad requirente un 
acuerdo en el que se fije una fecha para su regreso, la cual podrá ser prorrogable sólo en caso de no 
existir impedimento legal alguno. 

 

Artículo 452. Decomiso de bienes 

En caso de que la asistencia se refiera al decomiso de bienes relacionados con la comisión de un 
delito o cualquiera otra figura con los mismos efectos, el Estado o la autoridad requirente deberá 
presentar conjuntamente con la solicitud una copia de la orden de decomiso debidamente certificada por 
el funcionario que la expidió, así como información sobre las pruebas que sustenten la base sobre la cual 
se dictó la orden de decomiso e indicación de que la sentencia es firme. 

 

En el caso de solicitudes de asistencia jurídica provenientes del extranjero, además de los requisitos 
antes señalados y los estipulados en el convenio o Tratado del que se trate, dicho procedimiento será 
desahogado en los términos establecidos por este Código para regular la figura de decomiso. 

 

Artículo 453. Presencia y participación de representantes de la parte requirente en la ejecución 

Cuando el Estado o la autoridad requirente solicite autorización para la presencia y participación de 
sus representantes en calidad de observadores, será facultad discrecional de la Autoridad Central 
requerida el otorgamiento de dicha autorización. 

 

En caso de emitir la aprobación respectiva, la Autoridad Central informará con antelación al Estado o 
a la autoridad requirente sobre la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud. 

 


El Estado o la autoridad requirente remitirá la relación de los nombres, cargos y motivo de la presencia 
de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud. 

 

La diligencia a desahogar será conducida en todo momento por el agente del Ministerio Público 
designado para tal efecto, quien de considerarlo procedente podrá permitir que los representantes del 
Estado o la autoridad requirente formulen preguntas u observaciones por su conducto. 

 

Artículo 454. Gastos de cumplimentación 

El Estado mexicano sufragará todos los gastos relacionados con el cumplimiento de una solicitud de 
asistencia jurídica internacional, salvo los honorarios legales de peritos y los relacionados con el traslado 
de testigos. 

 

La Autoridad Central tiene la facultad de determinar, de acuerdo con la naturaleza de la solicitud, 
aquellos casos en los que no sea posible cubrir el costo de su desahogo, lo que comunicará de inmediato 
al Estado o a la autoridad requirente para que sufrague los mismos, o en su defecto decida o no 
continuar cumplimentando la petición. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ASISTENCIA INFORMAL 

 

Artículo 455. Asistencia informal 

Toda aquella información o documentación que puede ser obtenida de manera informal por la 
Autoridad Central, sin que medie una solicitud oficial basada en un convenio o Tratado internacional ni 
formalidad alguna, es una asistencia informal. 

 

Este tipo de información o documentación sólo servirá como indicio a la autoridad investigadora y en 
ningún caso podrá formalizarse, a menos que sea requerida mediante la figura de asistencia jurídica 
internacional, cubriendo todos los requisitos señalados en los convenios y Tratados de conformidad con 
los preceptos establecidos en el presente Código. 

 

TÍTULO XII 

RECURSOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 456. Reglas generales 

Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos en este Código. 

 

Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente 
o por escrito. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 

 

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar 
afectado por la resolución. 

 

En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según 
corresponda. 

 

Artículo 457. Condiciones de interposición 


Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este 
Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. 

 

Artículo 458. Agravio 

Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre 
que no hayan contribuido a provocarlo. 

 

El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos 
que originaron ese agravio. 

 

Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido 

La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a 
través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: 

 

I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere 
resultado perjudicado por la misma; 

 

II. Las que pongan fin al proceso, y 

 

III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado 
en ella. 

 

Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean 
pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder 
a la mayor brevedad. 

 

Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento 

Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido 
expresamente la resolución contra la cual procediere. 

 

Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley 
señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. 

 

Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, 
los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso. 

 

El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y 
fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para que el desistimiento del Defensor sea válido se 
requerirá la autorización expresa del imputado. 

 

Artículo 461. Alcance del recurso 

El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al 
Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá 
pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen 
de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a 
menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el 
Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba 
reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. 

 

Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, 
la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren 
exclusivamente personales del recurrente. 

 


Artículo 462. Prohibición de modificación en perjuicio 

Cuando el recurso ha sido interpuesto sólo por el imputado o su Defensor, no podrá modificarse la 
resolución recurrida en perjuicio del imputado. 

 

Artículo 463. Efectos de la interposición de los recursos 

La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo las excepciones 
previstas en este Código. 

 

Artículo 464. Rectificación 

Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnadas que no hayan 
influido en la parte resolutiva, así como los errores de forma en la transcripción, en la designación o el 
cómputo de las penas no anularán la resolución, pero serán corregidos en cuanto sean advertidos o 
señalados por alguna de las partes, o aún de oficio. 

 

CAPÍTULO II 

RECURSOS EN PARTICULAR 

 

SECCIÓN I 

Revocación 

 

Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación 

El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que 
interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin 
sustanciación. 

 

El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, 
la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. 

 

Artículo 466. Trámite 

El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las 
siguientes reglas: 

 

I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá 
promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de 
inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o 

 

II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá 
interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución 
impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se 
pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos 
días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. 

 

La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de 
inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 
tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la 
complejidad del caso, resolverá en ésta. 

 

SECCIÓN II 

Apelación 

 

APARTADO I 

Reglas generales de la apelación 


 

Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables 

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: 

 

I. Las que nieguen el anticipo de prueba; 

 

II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; 

 

III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; 

 

IV. La negativa a autorizar actos y técnicas de investigación que requieran control judicial previo; 

Fracción reformada DOF 26-01-2024 

 

V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; 

 

VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; 

 

VII. El auto que resuelve la vinculación y la no vinculación del imputado a proceso; 

Fracción reformada DOF 26-01-2024 

 

VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; 

 

IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; 

 

X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado; 

Fracción reformada DOF 26-01-2024 

 

XI. Las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumpla con los requisitos 
legales, o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente y no tengan el carácter de 
supervenientes y estén debidamente justificadas; 

Fracción reformada DOF 26-01-2024 

 

XII. Las que determinen la ilicitud o ilegalidad de algún dato o medio de prueba, o la prueba, cuando 
ésta sea anticipada; 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XIII. La que determine la legalidad o ilegalidad de la detención; 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XIV. Las que determinen la incompetencia del órgano jurisdiccional; 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XV. La negativa a autorizar la prórroga del plazo en la investigación complementaria; 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XVI. La que resuelva la solicitud de la orden de comparecencia; 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XVII. Las que se pronuncien sobre la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del 
delito, o 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 

XVIII. La que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. 

Fracción adicionada DOF 26-01-2024 

 


Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables 

Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: 

 

I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; 

 

II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas 
a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o 
bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. 

 

Artículo 469. Solicitud de registro para apelación 

Inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda apelar, las partes 
podrán solicitar copia del registro de audio y video de la audiencia en la que fue emitida sin perjuicio de 
obtener copia de la versión escrita que se emita en los términos establecidos en el presente Código. 

 

Artículo 470. Inadmisibilidad del recurso 

El Tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando: 

 

I. Haya sido interpuesto fuera del plazo; 

 

II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación; 

 

III. Lo interponga persona no legitimada para ello, o 

 

IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. 

 

APARTADO II 

Trámite de apelación 

 

Artículo 471. Trámite de la apelación 

El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el 
mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta 
efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de 
sentencia definitiva. 

 

En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se 
interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a 
partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas 
dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de 
los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se 
precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. 

 

En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser 
notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede 
en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél 
para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. 

 

Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente 
deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o 
parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro 
horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente 
multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u 
ofendido. 


 

Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que 
se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios 
en los términos del segundo párrafo del presente artículo. 

 

Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su 
escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de 
alzada. 

 

Artículo 472. Efecto del recurso 

Por regla general la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial 
impugnada. 

 

En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como 
efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de 
enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente. 

 

Artículo 473. Derecho a la adhesión 

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término de tres días contados a partir de 
recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los 
demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión 
se correrá traslado a las demás partes en un término de tres días. 

 

Artículo 474. Envío a Tribunal de alzada competente 

Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el 
Órgano jurisdiccional enviará los registros correspondientes al Tribunal de alzada que deba conocer del 
mismo. 

 

Artículo 475. Trámite del Tribunal de alzada 

Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada se 
pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. 

 

Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes 

Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en 
su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el 
Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la 
que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la 
adhesión. 

 

El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o 
en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia 
para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener 
lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso. 

 

Artículo 477. Audiencia 

Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus 
alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos 
conceptos de agravio. 

 

En la audiencia, el Tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones 
planteadas en sus escritos. 

 

Artículo 478. Conclusión de la audiencia 


La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en 
audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. 

 

Artículo 479. Sentencia 

La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición 
del acto que dio lugar a la misma. 

 

En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el 
auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba 
indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente. 

 

Artículo 480. Efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso 

Cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad 
será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos 
de las partes y determinar, si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición 
de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales. 

 

Artículo 481. Materia del recurso 

Interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse 
nuevas causales de reposición del procedimiento; sin embargo, el Tribunal de alzada podrá hacer valer y 
reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales. 

 

Artículo 482. Causas de reposición 

Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: 

 

I. Cuando en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el dictado de la sentencia se 
hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de 
ella emanen y los Tratados; 

 

II. Cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente, o no se desahoguen 
conforme a las disposiciones previstas en este Código; 

 

III. Cuando si se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción siempre y 
cuando trascienda en la valoración del Tribunal de enjuiciamiento y que cause perjuicio; 

 

IV. Cuando la audiencia del juicio hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya 
presencia continuada se exija bajo sanción de nulidad; 

 

V. Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por este Código 
sobre publicidad, oralidad y concentración del juicio, siempre que se vulneren derechos de las 
partes, o 

 

VI. Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un Tribunal de enjuiciamiento incompetente 
o que, en los términos de este Código, no garantice su imparcialidad. 

 

En estos supuestos, el Tribunal de alzada determinará, de acuerdo con las circunstancias particulares 
del caso, si ordena la reposición parcial o total del juicio. 

 

La reposición total de la audiencia de juicio deberá realizarse íntegramente ante un Tribunal de 
enjuiciamiento distinto. Tratándose de la reposición parcial, el Tribunal de alzada determinará si es 
posible su realización ante el mismo Órgano jurisdiccional u otro distinto, tomando en cuenta la garantía 
de la inmediación y el principio de objetividad del Órgano jurisdiccional, establecidos en las fracciones II y 
IV del Apartado A del artículo 20 de la Constitución y el artículo 9o. de este Código. 


 

Para la declaratoria de nulidad y la reposición será aplicable también lo dispuesto en los artículos 97 a 
102 de este Código. 

 

En ningún caso habrá reposición del procedimiento cuando el agravio se fundamente en la 
inobservancia de derechos procesales que no vulneren derechos fundamentales o que no trasciendan a 
la sentencia. 

 

Artículo 483. Causas para modificar o revocar la sentencia 

Será causa de nulidad de la sentencia la transgresión a una norma de fondo que implique una 
violación a un derecho fundamental. 

 

En estos casos, el Tribunal de alzada modificará o revocará la sentencia. Sin embargo, si ello 
compromete el principio de inmediación, ordenará la reposición del juicio, en los términos del artículo 
anterior. 

 

Artículo 484. Prueba 

Podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se 
discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, 
en el acta o registros del debate, o en la sentencia. 

 

También es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, incluso relacionada con la 
determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se 
formula. 

 

Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo del reclamo, sólo cuando 
tengan el carácter de superveniente. 

 

TÍTULO XIII 

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA DEL SENTENCIADO Y ANULACIÓN DE SENTENCIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

PROCEDENCIA 

 

Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal 

La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por 
las siguientes causas: 

 

I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad; 

 

II. Muerte del acusado o sentenciado; 

 

III. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia; 

 

IV. Perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; 

 

V. Indulto; 

 

VI. Amnistía; 

 

VII. Prescripción; 

 


VIII. Supresión del tipo penal; 

 

IX. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los mismos hechos, o 

 

X. El cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente. 

 

Artículo 486. Reconocimiento de inocencia 

Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en 
forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado 
no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las 
pruebas en las que se fundó la condena. 

 

Artículo 487. Anulación de la sentencia 

La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: 

 

I. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en 
cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y 

 

II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se 
dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. 

 

La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Por su 
parte los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para 
la adecuada convivencia social. 

 

Artículo 488. Solicitud de declaración de inocencia o anulación de la sentencia 

El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de 
la sentencia por concurrir alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al Tribunal 
de alzada que fuere competente para conocer del recurso de apelación; le expondrá detalladamente por 
escrito la causa en que funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u 
ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. 

 

En relación con las pruebas, si el recurrente no tuviere en su poder los documentos que pretenda 
presentar, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al Tribunal de alzada que se recaben. 

 

Al presentar su solicitud, el sentenciado designará a un licenciado en Derecho o abogado con cédula 
profesional como Defensor en este procedimiento, conforme a las disposiciones conducentes de este 
Código; si no lo hace, el Tribunal de alzada le nombrará un Defensor público. 

 

Artículo 489. Trámite 

Recibida la solicitud, el Tribunal de alzada que corresponda pedirá inmediatamente los registros del 
proceso al juzgado de origen o a la oficina en que se encuentren y, en caso de que el promovente haya 
protestado exhibir las pruebas, se le otorgará un plazo no mayor de diez días para su recepción. 

 

Recibidos los registros y, en su caso las pruebas del promovente, el Tribunal de alzada citará al 
Ministerio Público, al solicitante y a su Defensor, así como a la víctima u ofendido y a su Asesor jurídico, 
a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes al recibo de los registros y de las 
pruebas. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas por el promovente y se escuchará a 
éste y al Ministerio Público, para que cada uno formule sus alegatos. 

 

Dentro de los cinco días siguientes a la formulación de los alegatos y a la conclusión de la audiencia, 
el Tribunal de alzada dictará sentencia. Si se declara fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia 
o modificación de sentencia, el Tribunal de alzada resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso 


al Tribunal de enjuiciamiento que condenó, para que haga la anotación correspondiente en la sentencia y 
publicará una síntesis del fallo en los estrados del Tribunal; asimismo, informará de esta resolución a la 
autoridad competente encargada de la ejecución penal, para que en su caso sin más trámite ponga en 
libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada, o bien registre la 
modificación de la pena comprendida en la nueva sentencia. 

 

Artículo 490. Indemnización 

En caso de que se dicte reconocimiento de inocencia, en ella misma se resolverá de oficio sobre la 
indemnización que proceda en términos de las disposiciones aplicables. La indemnización sólo podrá 
acordarse a favor del beneficiario o de sus herederos, según el caso. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Declaratoria 

Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la 
presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo con los 
artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia 

Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria 
que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, 
la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 
18 de junio de 2016. 

 

En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en 
cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo 
correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en cada una de ellas. 

 

En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la 
entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Abrogación 

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien 
a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales 
que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su 
sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. 

 

En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a 
partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo. 

Artículo reformado DOF 17-06-2016 

 

ARTÍCULO CUARTO. Derogación tácita de preceptos incompatibles 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, con excepción de las leyes 
relativas a la jurisdicción militar así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Convalidación o regularización de actuaciones 


Cuando por razón de competencia por fuero o territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o 
sistema procesal distinto al que se remiten, podrá el Órgano jurisdiccional receptor convalidarlas, siempre 
que de manera, fundada y motivada, se concluya que se respetaron las garantías esenciales del debido 
proceso en el procedimiento de origen. 

 

Asimismo, podrán regularizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y motivada el 
Órgano jurisdiccional que las recibe, determine que las mismas deban ajustarse a las formalidades del 
sistema procesal al cual se incorporarán. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Prohibición de acumulación de procesos 

No procederá la acumulación de procesos penales, cuando alguno de ellos se esté tramitando 
conforme al presente Código y el otro proceso conforme al código abrogado. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. De los planes de implementación y del presupuesto 

El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, la Procuraduría 
General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
toda dependencia de las Entidades federativas a la que se confieran responsabilidades directas o 
indirectas por la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar los planes y programas necesarios 
para una adecuada y correcta implementación del mismo y deberán establecer dentro de los proyectos 
de presupuesto respectivos, a partir del año que se proyecte, las partidas necesarias para atender la 
ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de personal, la capacitación y 
todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir los objetivos para la implementación 
del sistema penal acusatorio. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Legislación complementaria 

En un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de publicado el presente 
Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás 
normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Auxilio procesal 

Cuando una autoridad penal reciba por exhorto, mandamiento o comisión, una solicitud para la 
realización de un acto procesal, deberá seguir los procedimientos legales vigentes para la autoridad que 
remite la solicitud, salvo excepción justificada. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Cuerpos especializados de Policía 

La Federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán 
contar con cuerpos especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho 
probablemente delictivo, hasta en tanto se capacite a todos los cuerpos de Policía para realizar tales 
funciones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Adecuación normativa y operativa 

A la entrada en vigor del presente Código, en aquellos lugares donde se inicie la operación del 
proceso penal acusatorio, tanto en el ámbito federal como en el estatal, se deberá contar con el 
equipamiento necesario y con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo y los 
manuales de procedimientos para el personal administrativo, pudiendo preverse la homologación de 
criterios metodológicos, técnicos y procedimentales, para lo cual podrán coordinarse los órganos y demás 
autoridades involucradas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación 
del Nuevo Sistema 

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, instancia de 
coordinación nacional creada por mandato del artículo noveno transitorio del Decreto de reformas y 
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 18 de junio de 2008, 


constituirá un Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el cual 
remitirá un informe semestral al señalado Consejo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Revisión legislativa 

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la 
Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la información indispensable a efecto de que 
las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y 
operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código. 

 

México, D.F., a 5 de febrero de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo 
Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Javier Orozco 
Gómez, Secretario.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 


ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

 

DECRETO por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal, se reforman diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 183, 186, 187, fracción I y segundo párrafo; 
188, 189, tercer párrafo; y 190, primer párrafo; y se adiciona el artículo 187, con un tercer párrafo del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

……… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal entrará en vigor en los mismos términos y plazos en que entrará en vigor el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de conformidad con lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto por 
el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Las reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales previstas en el presente 
Decreto entrarán en vigor en las regiones y gradualidad en las que se lleve a cabo la declaratoria a que 
refiere el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, serán aplicables para los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y se sustanciarán de conformidad con lo previsto en la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Judicial de la Federación y 
los poderes judiciales de las entidades federativas que cuenten con un Órgano, conformarán, dentro del 
término de sesenta días hábiles, el Consejo a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley. 

 

CUARTO. La certificación inicial de Facilitadores a que se refiere la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal deberá concluirse antes del dieciocho de 
junio de 2016. 

 

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como la 
Secretaría Técnica del Consejo de certificación en sede judicial deberán elaborar el proyecto de criterios 
mínimos de certificación de Facilitadores. Para la elaboración de los criterios referidos deberán tomar en 
consideración la opinión de los representantes de las zonas en que estén conformadas la Conferencia y 
el Consejo. El proyecto deberá ser sometido a consideración del Pleno de la Conferencia o el Consejo en 
la sesión plenaria siguiente al vencimiento del plazo a que se refiere este párrafo. 

 

QUINTO. La Federación y las entidades federativas emitirán las disposiciones administrativas que 
desarrollen lo previsto en el presente Decreto a más tardar el día de su entrada en vigor de conformidad 
con el artículo primero transitorio anterior. 

 


SEXTO. La Federación y las entidades federativas, en su ámbito de competencia respectivo, 
proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera la implementación 
del presente Decreto, conforme a sus presupuestos autorizados. Para el presente ejercicio fiscal, la 
Procuraduría General de la República, cubrirá con cargo a su presupuesto autorizado las erogaciones 
necesarias para el cumplimiento del presente Decreto, en el ámbito de su competencia. 

 

México, D.F., a 2 de diciembre de 2014.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Silvano 
Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Magdalena del 
Socorro Núñez Monreal, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de 
diciembre de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el encabezado del artículo 235; y se adicionan un segundo párrafo 
al artículo 235; un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 243 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

………. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Segundo.- Los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la 
comisión de los hechos que dieron su origen. 

 

Tercero.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos contemple una descripción legal 
de una conducta delictiva que en el anterior Código Penal Federal o Código Fiscal de la Federación se 
contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de 
forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se 
establecen, se estará a lo siguiente: 

 

I. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el 
Ministerio Público de la Federación las formulará de conformidad con la traslación del tipo que 
resulte; 

 

II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el 
Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la 
conducta que se haya probado y sus modalidades; y 

 

III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, 
considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la traslación del tipo, según las 
modalidades correspondientes. 

 

Cuarto.- Las sanciones pecuniarias previstas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos deberán adecuarse, en su caso, a la unidad de medida y 
actualización equivalente que por ley se prevea en el sistema penal mexicano. 

 

Quinto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto 
para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que 
apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 


que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

 

México, D.F., a 15 de diciembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. 
Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera 
Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de enero de dos 
mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la 
Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016 

 

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 22, tercer párrafo; 78, primer párrafo; 100, primer y 
último párrafos y fracción II; 113, fracción VIII; 122; 135, segundo, tercero y cuarto párrafos; 143, primer 
párrafo, 151, primer párrafo; 154, último párrafo; 165, segundo párrafo; 174, segundo, tercero y cuarto 
párrafos; 176, primer párrafo y su epígrafe; 187, último párrafo; 192, fracciones I y II y último párrafo; 196, 
tercer párrafo; 218; 251, fracción X; 255, primer párrafo; 256, primer párrafo y fracciones IV, V y VI del 
segundo párrafo; 257, segundo y tercer párrafos; 291, primer y segundo párrafos; 303, primero y segundo 
párrafos y su epígrafe; 307, segundo párrafo; 308, tercer párrafo; 309, tercer párrafo; 313, cuarto párrafo; 
314, primer párrafo y su epígrafe; 315, primer párrafo; 320; 336 y su epígrafe; 337; 338, fracción III; 340, 
primer y tercer párrafos y fracciones I, II y III; 341, primer párrafo; 347, fracción I; 349; 355, último párrafo; 
359; 421 y su epígrafe; 422 y su epígrafe; 423; 424; 425, primer párrafo; y el primer párrafo del 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014; se 
adicionan un primer párrafo al artículo 51, recorriéndose en su orden el subsecuente; segundo y tercer 
párrafos al artículo 143, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un tercer párrafo al artículo 165; un 
tercer y cuarto párrafos al artículo 174, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un primer párrafo al 
artículo 176, recorriéndose en su orden el subsecuente; se adiciona un último párrafo al artículo 187; una 
fracción III al artículo 192; un segundo y tercer párrafos, recorriéndose en su orden el subsecuente, así 
como un último párrafo al artículo 218; un tercer párrafo al artículo 222, recorriéndose en su orden el 
subsecuente; una fracción XI al artículo 251, recorriéndose en su orden las subsecuentes; un segundo 
párrafo al artículo 255; un cuarto párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 291; un 
segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 303, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes; un quinto párrafo al artículo 308; un segundo párrafo al artículo 314; una fracción II al 
artículo 340, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un primer párrafo, recorriéndose en su orden el 
actual primer párrafo para ser segundo párrafo, un tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos al artículo 421; 
las fracciones I, II, III, IV y V al primer párrafo, los incisos a) a f) al segundo párrafo, las fracciones I, II, III, 
IV, V, VI al tercer párrafo y un cuarto párrafo al artículo 422; un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
párrafos al artículo 423; un segundo párrafo al artículo 456, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 
un segundo párrafo al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO; se derogan la fracción VII del segundo 
párrafo del artículo 256; el segundo párrafo del artículo 340; el actual tercer párrafo del artículo 373; el 
tercer párrafo del artículo 423 y el segundo párrafo al ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

……… 

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo. 

 


Segundo.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la 
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 
49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y los 
artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
entrarán en vigor en términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de marzo de 2014. 

 

Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los 
preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las 
disposiciones que les dieron origen. 

 

Tercero.- Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación y 
las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con una 
Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

 

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las autoridades de medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la Federación y de las entidades federativas, se 
deberán emitir los acuerdos y lineamientos que regulen su organización y funcionamiento. 

 

Cuarto.- Las disposiciones del presente Decreto relativas a la ejecución penal, entrarán en vigor una 
vez que entre en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que 
hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con 
base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia 
penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente 
la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 
153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que 
el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el 
órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, 
revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia 
de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código. 

 

Sexto.- La Procuraduría General de la República propondrá al seno del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la consecución de los acuerdos que estime necesarios entre las autoridades de las 
entidades federativas y la federación en el marco de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal. 

 

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Verónica 
Delgadillo García, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 


SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, así como los Votos 
Particular del Ministro Javier Laynez Potisek, Concurrente del Ministro Presidente Luis 
María Aguilar Morales, así como Particulares y Concurrentes de los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 

 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 

Y SU ACUMULADA 11/2014 

PROMOVENTES: COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO 
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK 

SECRETARIOS:RON SNIPELISKI NISCHLI Y JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO 

COLABORÓ: ANA MARÍA CASTRO DOSAL 

 

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión 
correspondiente al veintidós de marzo de dos mil dieciocho, emite la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 promovida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y su acumulada 11/2014 presentada por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

 

……… 

 

VIII. RESOLUTIVOS 

 

375. En virtud de lo anterior, se resuelve: 

 

PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 
11/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, respectivamente. 

 

SEGUNDO. Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 10/2014, respecto del artículo 434, 
párrafo último, en la porción normativa “pero jamás para las ofrecidas por los imputados o sus defensas, 
aún cuando sean aceptadas o acordadas favorablemente por las autoridades judiciales”, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de 
dos mil catorce, en los términos precisados en el apartado VI, subapartado 9, de esta sentencia. 

 

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 132, fracción VII, 147, párrafo tercero, 148, 153, 
párrafo primero, 155, fracción XIII, 251, fracciones III y V, 266, 268 y 434, párrafo último, –con la salvedad 
precisada en el punto resolutivo segundo–, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, conforme a las consideraciones 
plasmadas en el apartado VI, subapartados 1, 2, 6, 7 y 9 de esta sentencia. 

 


CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 242, 249, en la porción normativa “decretará o”, 303, 
párrafo primero, y 355, párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; las cuales surtirán sus efectos a 
partir de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación; en términos del apartado 
VI, subapartados 3, 4, 5 y 8, y conforme a los efectos precisados en el diverso apartado VII de este fallo. 

 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

………. 

 

Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos que da 
fe. 

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales.- 
Rúbrica.- El Ponente, Ministro Javier Laynez Potisek.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, 
Rafael Coello Cetina.- Rúbrica. 

 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de 
noventa y cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia del veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y 
su acumulada 11/2014. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación.- Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil dieciocho.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley 
de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019 

 

Artículo Segundo. Se reforman la fracción III, del artículo 230; los párrafos segundo y sexto, del 
artículo 231; el párrafo tercero, del artículo 246; el artículo 248 y su epígrafe; el actual párrafo segundo, 
del artículo 250; y se adicionan un párrafo segundo, al artículo 240; un párrafo segundo, al artículo 245; 
un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los siguientes párrafos, del artículo 247; y un párrafo 
segundo, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser tercero, al artículo 250, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

…….. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abroga la Ley Federal de Extinción 
de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las leyes de extinción de dominio de las Entidades Federativas, y se derogan todas las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

 

Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán armonizar su legislación 
respectiva con el presente Decreto. 

 

Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la legislación de las Entidades Federativas, deberán concluirse y ejecutarse conforme a 
la legislación vigente al momento de su inicio; las sentencias dictadas con base en los ordenamientos 
que dejarán de tener vigencia a la entrada del presente Decreto surtirán todos sus efectos jurídicos. Las 
investigaciones en preparación de la acción de extinción de dominio deberán continuarse con la presente 
Ley. 

 

Quinto. Los recursos que actualmente administra el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes en materia de extinción de dominio y aquellos que eventualmente reciba con motivo del inicio de 
la acción en términos de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se abroga, continuarán bajo su 
administración y serán destinados a la cuenta especial a que se refiere el artículo 239 de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio, previa constitución del diez por ciento de estos recursos para el Fondo de 
Reserva a que se refiere el diverso 237, de dicho ordenamiento nacional. 

 

El producto de la venta de los Bienes en proceso de extinción o que hayan sido declarados extintos 
conforme a los procedimientos de la legislación vigente aplicable. 

 

Los recursos destinados o pendientes de destinarse al Fondo a que se refiere el artículo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del 


artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, 
serán transferidos a la cuenta especial. 

 

Sexto. El presente Decreto será aplicable para los procedimientos de preparación de la acción de 
extinción de dominio que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los 
supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y cuando no se haya ejercido 
la acción de extinción de dominio. 

 

Séptimo. Todas las referencias que hagan mención al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, por lo que las obligaciones a cargo de dicho organismo que se generen con la entrada en vigor 
del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso, por 
lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos y no se incrementará el presupuesto del 
organismo descentralizado, y en caso de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, 
ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, los cuales serán cubiertos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a costo 
compensado, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal 
ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Artículo reformado DOF 22-01-2020 

 

Octavo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 

 

Noveno. El Consejo de la Judicatura Federal contará con un plazo que no podrá exceder de seis 
meses contados a partir de la publicación del presente Decreto, para crear los juzgados competentes en 
materia de extinción de dominio a que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mientras tanto, 
serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que no tengan jurisdicción especial, de 
conformidad con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura Federal, 
aplicando similares términos para el fuero común; debiendo utilizarse para el desahogo de las audiencias 
a que se refiere la Ley Nacional de Extinción de Dominio las salas existentes en los Centros de Justicia 
Federales y en los centros de justicia respectivos de las Entidades Federativas, en las que actualmente 
se desahogan las audiencias con la característica de oralidad. 

 

Décimo. El titular del Ejecutivo Federal, dentro de un plazo que no excederá los ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir las adecuaciones 
correspondientes a las disposiciones reglamentarias respectivas. 

 

Décimo Primero. El Gabinete Social de la Presidencia de la República, por conducto de su Secretaría 
Técnica expedirá en los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, su 
reglamento interior. 

 

Décimo Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, la persona titular de la Fiscalía General de la República, realizará una convocatoria pública para 
la revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio. Dicha convocatoria 
tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales y de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio para su óptimo funcionamiento. Los resultados obtenidos serán 
públicos y se comunicarán al Congreso de la Unión con el fin de que éste realice las adecuaciones al 
marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes. 

 


Ciudad de México, a 25 de julio de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. María de 
los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta en funciones de Presidente.- Sen. Nancy de la Sierra 
Arámburo, Secretaria.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 9 de agosto de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código 
Penal Federal. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019 

 

Artículo Tercero. Se reforman el párrafo segundo del artículo 187; y el párrafo tercero del artículo 
256; y se adicionan un párrafo séptimo con las fracciones I, II y III, recorriéndose en su orden el 
subsecuente, al artículo 167; y un párrafo tercero al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 

 

………. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 2020. 

 

Segundo. Al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin efectos todas las 
disposiciones contrarias al mismo, no obstante lo anterior, las conductas cometidas antes de la entrada 
en vigor del presente Decreto que actualicen cualquiera de los delitos previstos en los artículos 113, 
fracción III y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 400 Bis del Código Penal 
Federal, continuarán siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas, mediante la aplicación de dichos 
preceptos. 

 

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. 
Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Dip. Julieta 
Macías Rábago, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, el 
Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 9 de agosto de 2019. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2020 

 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo Séptimo transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, para quedar como sigue: 

 

……… 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Segundo. Todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos 
en las leyes y demás normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado. 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- 
Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Jesús Carlos Vidal Peniche, Secretario.- Sen. 
Primo Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 21 de enero de 2020.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021 

 

Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los párrafos cuarto y quinto, que se 
fusionan para quedar como párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, la fracción XI del 
párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como el párrafo octavo que pasa a ser séptimo, y se adicionan 
las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como los párrafos 
octavo y noveno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

......... 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 

 

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente 
Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos. 

 

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con 
anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que 
se haya cometido. 

 

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme. 

 

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, 
se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- Sen. Lilia 
Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 


PUNTOS RESOLUTIVOS de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su 
acumulada 136/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 

Notificados al Congreso de la Unión para efectos legales el 25 de noviembre de 2022 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Poder Judicial de la Federación.- Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

OFICIO NÚM. SGA/MOKM/450/2022 

 

MAESTRA CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ 

SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE 

DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y 

DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

P R E S E N T E 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, resolvió la 
acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
en los términos siguientes: 

 

“PRIMERO: Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y 
su acumulada. 

 

SEGUNDO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo por el que se emitió el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en términos del 
apartado VI de esta ejecutoría. 

 

TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 113 Bis, párrafo primero, del Código Fiscal de la 
Federación, reformado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho 
de noviembre de dos mil diecinueve, de conformidad-con lo expuesto en el apartado VI de esta 
decisión. 

 

CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, y 2°, párrafo primero, 
fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contenidas 
en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, las 
cuales surtirán sus efectos a partir de la notificación de sus puntos resolutivos al Congreso de la 
Unión, en el entendido de que únicamente la invalidez de este último precepto de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada tendrá efectos retroactivos al uno de enero de dos mil veinte, 
fecha en que entró en vigor el decreto por el que fue adicionado, en atención a lo determinado en 
los apartados VI y VII de esta determinación. 


 

QUINTO. Se declara la invalidez por extensión, de los artículos 187, párrafo segundo, en su 
porción normativa ‘Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis 
previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código’, y 192, 
párrafo tercero, en su porción normativa ‘La suspensión condicional será improcedente para las 
hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente 
Código’, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado y adicionado mediante el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil 
diecinueve, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo expuesto en los apartados VI y VII de esta sentencia. 

 

SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 

Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus 
efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, por lo que le 
solicito que gire instrucciones para que, a la brevedad, se practique la citada notificación, inclusive al 
titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno en su sesión 
privada celebrada el doce de abril de dos mil diez, le solicito que remita a esta Secretaría General de 
Acuerdos únicamente copia certificada del documento en el que conste la notificación que se realice al 
Congreso de la Unión. 

 

Atentamente 

 

Ciudad de México; 24 de noviembre de 2022 

 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA.- Rúbrica. 

 

Notificados los puntos resolutivos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el viernes 25 de 
noviembre de 2022 a las 12:11 hrs.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.- Sello de Recibido. 


DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
Investigación, Sanción y Reparación Integral del Delito de Feminicidio. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2023 

 

Artículo Segundo.- Se reforman la fracción II del artículo 109; las fracciones V y XXIII del artículo 
131; y el primer párrafo del artículo 132; y se adicionan una fracción XI, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes al artículo 3o.; una fracción XXIII Bis al artículo 131; un inciso e) a la fracción XII, y una 
fracción XII Bis al artículo 132; y las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo 134 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

…….. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Segundo. Las erogaciones que pudieran presentarse con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto 
correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su 
presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. 

 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2023.- Dip. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Sen. 
Alejandro Armenta Mier, Presidente.- Dip. Brenda Espinoza Lopez, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 20 de abril de 2023.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- 
Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforman los artículos 109 y 113 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2024 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XVI del artículo 113 y se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción XII del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

…….. 

 

Transitorio 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2023.- Dip. Marcela Guerra Castillo, Presidenta.- Sen. 
Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta.- Dip. Olga Luz Espinosa Morales, Secretaria.- Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2023.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica. 


DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 258 y 467 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en materia del recurso de apelación. 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024 

 

Artículo Único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 258 y las fracciones IV, VII y XI del 
artículo 467 y se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, al artículo 467 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

………. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.- Dip. Marcela Guerra Castillo, Presidenta.- Sen. 
Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta.- Dip. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Secretaria.- Sen. 
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 24 de enero de 2024.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.